Operativo de seguridad en Durango resulta en detención de manifestantes
En un controvertido operativo de seguridad realizado el 18 de marzo, elementos policiacos y fuerzas federales detuvieron a al menos 40 integrantes del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua durante una protesta en Gómez Palacio, Durango. Los manifestantes exigían una indemnización justa para cuatro trabajadores despedidos de la empresa Sotomex.
Versiones enfrentadas sobre los hechos
Según la Fiscalía General del Estado de Durango, el operativo se derivó de denuncias presentadas por empresas establecidas en el ejido Dinamita y una empresa transportista. La dependencia señaló que los manifestantes bloquearon accesos, invadieron caminos y se apoderaron de dos tractocamiones, poniendo en riesgo operaciones relacionadas con el manejo de explosivos.
La Fiscalía detalló que las personas detenidas enfrentan cargos por:
- Robo de vehículos
- Ataques a las vías de comunicación
- Posible extorsión (en investigación)
Además, indicó que algunas de las personas detenidas cuentan con órdenes de aprehensión previas por delitos como robo, robo de ganado, daños por incendio y extorsión.
La perspectiva de los manifestantes
Por su parte, integrantes del colectivo denunciaron que la intervención se realizó en su campamento norte, mantenido desde 2017, donde alrededor de 40 personas, incluyendo mujeres y adultos mayores, fueron privadas de la libertad. Aseguraron que durante más de 24 horas las autoridades no informaron sobre su paradero ni situación legal.
El Frente Unido, conformado por habitantes de más de 20 ejidos de la región Laguna, ha sostenido una lucha en defensa de su territorio ante la instalación de proyectos industriales. Señalaron que la reciente manifestación también respondía a la defensa de derechos laborales, ante despidos y antecedentes de amenazas y accidentes sin indemnización adecuada.
Detalles del operativo
Según testimonios de los manifestantes, el operativo incluyó la participación de:
- Policía Municipal de Gómez Palacio
- Corporaciones estatales (Policía Estatal, Policía Investigadora)
- Fuerzas federales (Guardia Nacional, personal del Ejército)
Aseguraron que al menos 50 vehículos oficiales y unidades sin identificación rodearon comunidades como Abisinia, Dinamita, La Aurora y El Siete, ubicadas a poco más de 25 kilómetros al noroeste de Gómez Palacio, encapsulando a los manifestantes e impidiendo el acceso de otras personas para documentar los hechos.
También denunciaron la presencia de elementos encapuchados y mandos operativos que dirigían las acciones, lo que calificaron como un acto de intimidación y represión contra una manifestación pacífica.
Posición del gobierno estatal
El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, respaldó el operativo y afirmó que se trata de una decisión firme para frenar este tipo de conductas. "No nos vamos a doblar ante temas de extorsión", declaró, al señalar que incluso algunas empresas habían considerado retirarse de Gómez Palacio ante la falta de acciones contundentes.
Villegas minimizó el origen del movimiento, señalando que conflictos anteriores, como el relacionado con la empresa de cianuro, "ya se acabaron hace muchos años" y que actualmente se trata de disputas laborales que no se resolvieron como los manifestantes esperaban. "Están extorsionando, extorsionando y extorsionando", reiteró.
El mandatario subrayó que los trabajadores inconformes deben acudir a las instancias legales correspondientes: "No tienen por qué parar carreteras, camiones, no tienen por qué parar las empresas; si hay un despido, que se vayan por la parte jurídica laboral".
Reacciones y apoyo a los detenidos
El exobispo de Saltillo, Raúl Vera López, y la asociación Encuentro Ciudadano Lagunero, que aglutina varios colectivos y asociaciones civiles, exigieron la presentación con vida de todas las personas detenidas, la liberación de quienes consideran víctimas de acusaciones fabricadas y el respeto al derecho a la protesta social en Durango.
La Fiscalía informó que sólo 28 personas fueron detenidas en flagrancia y puestas a disposición del Ministerio Público, mientras que el delito de extorsión continúa en investigación. La dependencia también señaló que estas acciones provocaron pérdidas económicas estimadas entre 80 mil y 100 mil dólares diarios para las empresas afectadas.
