El maltrato animal ya no queda impune en el Estado de México. Con la nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal, las sanciones por actos de crueldad se castigan severamente y pueden alcanzar multas de hasta 35 mil pesos, además de un arresto de 36 horas.
Nueva legislación impulsada por la gobernadora Delfina Gómez
La legislación, impulsada por la gobernadora Delfina Gómez, busca frenar una problemática que durante años permaneció normalizada. Ahora se reconoce a los animales como seres sintientes. Este estatus jurídico obliga a los ciudadanos a garantizar condiciones dignas de vida, salud y atención médica, sacándolos del abandono legal en el que se encontraban.
Escala de penalizaciones según la gravedad de la falta
La normativa establece una escala de penalizaciones dependiendo de la gravedad de la falta. El maltrato grave será sancionado con multas que van de los 17 mil a los 35 mil pesos e involucra actos que provoquen sufrimiento innecesario, pongan en riesgo la vida o impliquen abandono extremo. Mientras que las faltas menores pueden derivar en sanciones económicas o arresto de hasta 36 horas por descuido en el alojamiento o falta de higiene.
Reeducación social y trabajo comunitario
La ley también apuesta por la reeducación social. El modelo incluye el trabajo comunitario en centros de protección animal para los infractores. Además, se implementarán campañas de concientización permanentes e integración del bienestar animal en los programas educativos del estado.
Estrategia CERA: control poblacional ético
Como parte integral de este esfuerzo, el gobierno estatal, en coordinación con los municipios, mantiene activa la estrategia CERA (Captura, Esteriliza, Resguarda y Adopta). Este programa se enfoca en el control poblacional ético y en fomentar la adopción responsable, asegurando que el rescate de animales no termine en el hacinamiento, sino en una segunda oportunidad de vida.
Con estas medidas, la administración de la mandataria estatal busca consolidar una cultura de respeto donde el maltrato animal tenga consecuencias claras y el bienestar sea un derecho garantizado.
