Organizaciones civiles exigen justicia y transparencia en caso de adolescente fallecido bajo custodia estatal
Las organizaciones Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) y Tejiendo Redes Infancia han lanzado un contundente llamado a las autoridades de Nuevo León para que pongan fin al encubrimiento que ha rodeado la muerte de Ángel Manuel Moreno, un adolescente que perdió la vida mientras se encontraba bajo la custodia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal.
Cuatro años de impunidad y una recomendación ignorada
A cuatro años del trágico suceso, las organizaciones han exigido que se cumpla plenamente con la recomendación 148/2025 emitida recientemente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En un comunicado conjunto, CADHAC y Tejiendo Redes Infancia demandaron específicamente que "las autoridades del estado de Nuevo León rompan la protección política que ha sostenido el encubrimiento" de este caso que ha conmocionado a la sociedad.
Ángel Manuel Moreno vivió diez años de su vida bajo la custodia del DIF estatal, donde según las organizaciones no recibió la atención requerida para sus múltiples padecimientos, que incluían trastorno de déficit de atención con hiperactividad, síntomas de estrés postraumático, trastorno depresivo persistente, discapacidad intelectual, crisis epiléptica y ansiedad.
Los hechos que llevaron a la tragedia
Los eventos que culminaron con la muerte del adolescente comenzaron el 28 de noviembre de 2021, cuando Ángel y otros tres adolescentes realizaron protestas por los maltratos constantes que recibían en el DIF Capullos, donde se encontraban internados. La respuesta a esta manifestación fue una violenta represión por parte de policías municipales que incluyó:
- Golpes a los adolescentes
- Inyección de tranquilizantes
- Sujeción de manos y pies con cinta
- Traslado forzado al DIF Fabriles
A pesar de que la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León había dirigido medidas cautelares al entonces director del DIF, Miguel Ángel Sánchez Rivera, para proteger la integridad de los menores, el 8 de febrero de 2022 Ángel fue golpeado brutalmente por un custodio identificado como Raymundo Francisco "N" luego de una discusión con algunos compañeros.
Agonía prolongada y obstrucción a la investigación
Los fuertes golpes en el abdomen propinados al adolescente lo dejaron vomitando en su habitación sin recibir atención médica alguna. Ángel agonizó durante más de diez horas hasta fallecer en la madrugada del 9 de febrero de 2022. El procedimiento posterior dificultó gravemente cualquier investigación: su cuerpo fue velado apenas un par de horas y cremado inmediatamente después.
Las organizaciones han destacado que, el 17 de diciembre pasado, la CNDH emitió la resolución 148/2025 dirigida al DIF Nuevo León, que se había negado sistemáticamente a aceptar la recomendación que hizo la CDHNL desde dos años atrás (la 01VG/2023), en la que se calificó la muerte de Ángel como "un crimen de Estado".
Exigencias concretas a las autoridades
CADHAC y Tejiendo Redes Infancia han planteado demandas específicas a las autoridades:
- Que el gobernador Samuel García y el DIF Nuevo León informen si ya aceptaron íntegramente la recomendación de la CNDH
- Que la Fiscalía informe sobre avances y líneas de investigación respecto a responsabilidades institucionales
- Que se remuevan obstáculos procesales que impiden investigar a todas las personas implicadas
- Que se implementen medidas de protección para denunciantes, personas trabajadoras y defensorías
- Que el Congreso local active la comisión de seguimiento del caso y revise el marco legislativo
"La persistencia de este caso paradigmático no es únicamente un acto de memoria pública", alertaron las organizaciones. "Es recordar el riesgo activo para la vida e integridad de niñas, niños y adolescentes bajo tutela estatal, porque cuando el poder bloquea la rendición de cuentas la impunidad se convierte en un incentivo de repetición".
Un caso que refleja fallas sistémicas
A la exigencia de CADHAC y Tejiendo Redes Infancia se ha sumado la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), cuya directora ejecutiva, Tania Ramírez, ha señalado que el caso de Ángel no es aislado y que "su historia refleja las fallas del sistema de protección infantil y la urgencia de transformarlo".
Ramírez calificó como "profundamente grave que siga habiendo una actitud de no aceptación, negacionista que propicia la impunidad y que sabemos que puede dejar en la desprotección a muchos más niños, niñas y no solamente a Ángel".
Las organizaciones han sido enfáticas al señalar que lo que está en juego "no es únicamente un expediente" sino "la vida y la integridad" de infancias y adolescencias tuteladas por el Estado. Con la recomendación de la CNDH, sostienen, se tiene "la llave para lograr justicia para Ángel y abrir el candado de la impunidad", pero para ello se requiere "voluntad política de actores clave a nivel nacional y estatal" y vigilancia ciudadana constante.
