Organizaciones civiles exigen hoja de ruta para cumplir sentencia de la Corte IDH por caso de Ernestina Ascencio
Organizaciones de derechos humanos han denunciado la ausencia de una hoja de ruta clara para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena nahua de 73 años que fue agredida sexualmente por elementos del Ejército Mexicano en Soledad Atzompa, Veracruz, en 2007, y cuya falta de atención médica derivó en su muerte. A casi dos décadas del hecho, las acciones para implementar las medidas ordenadas por el tribunal internacional siguen pendientes, lo que retrasa el acceso a la justicia y la reparación integral.
Falta de avances tras la sentencia internacional
La sentencia de la Corte IDH fue notificada el 16 de diciembre de 2025, y desde entonces, las organizaciones litigantes han solicitado formalmente un documento con acciones concretas y plazos definidos. Sin embargo, tras más de dos meses, no existe una propuesta oficial del Estado mexicano. Las organizaciones advierten que esta demora compromete el cumplimiento oportuno de las obligaciones internacionales y perpetúa la impunidad en un caso emblemático de violaciones graves a los derechos humanos.
En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones señalaron que la única acción pública mencionada hasta ahora es la posible atracción del caso por la Fiscalía General de la República, medida que consideran insuficiente frente al conjunto de obligaciones impuestas por la Corte IDH. La sentencia declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las violaciones cometidas contra Ernestina Ascencio y su familia, así como por la intervención indebida de altas autoridades que favorecieron la impunidad.
Medidas ordenadas por la Corte IDH
El fallo de la Corte IDH incluye una serie de medidas que el Estado mexicano debe implementar de manera integral y transparente. Entre ellas se encuentran:
- Realizar una investigación penal exhaustiva sobre la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio.
- Brindar atención médica y psicológica a los familiares de la víctima.
- Efectuar un acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado.
- Implementar programas de capacitación para funcionarios en materia de derechos humanos y no discriminación.
- Fortalecer el Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa en Veracruz.
- Crear un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia.
La sentencia también determinó que existieron barreras lingüísticas y actos de discriminación por razones de género, etnia y edad, lo que derivó en la negativa de justicia y en la vulneración del derecho a la verdad. Para la familia de Ernestina Ascencio, este fallo representa el reconocimiento de una lucha de casi dos décadas contra la impunidad. "La sentencia debe ayudar a que lo que le pasó a mi madre no le pase a ninguna otra mujer", expresó Martha Inés Ascencio, hija de la víctima.
Firmantes y llamado a la acción
El pronunciamiento está firmado por organizaciones como Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH), el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C. (CESEM), Kalli Luz Marina A.C., la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI), el Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Estas organizaciones sostienen que el Estado mexicano tiene la obligación de cumplir la resolución de manera integral, sin dilaciones, y advierten que la ausencia de una hoja de ruta oficial pone en riesgo el acceso efectivo a la justicia para las víctimas y sus familias.
El caso de Ernestina Ascencio sigue siendo un recordatorio de los desafíos persistentes en la protección de los derechos humanos en México, especialmente para las comunidades indígenas y las mujeres. Las organizaciones continúan monitoreando los avances y exigen transparencia en el proceso de implementación de la sentencia de la Corte IDH.
