Al grito de "¡Marco no murió, el Estado lo mató!", organizaciones sociales y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa marcharon para denunciar la impunidad a un año del asesinato de Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP).
Contexto de violencia en Guerrero
En el periodo de la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda, de 2021 a la fecha, han sido asesinados también el exfundador de los grupos de autodefensas, Bruno Plácido Valerio; el normalista de Ayotzinapa, Yanqui Kothán Gómez Peralta; la maestra universitaria, Ivonne Hernández Nava, y fue desplazado de manera forzada el sacerdote y defensor de derechos humanos, Filiberto Velázquez Florencio.
La marcha y el mitin
La marcha se realizó el viernes al mediodía por las principales avenidas de Chilpancingo y parte de la Autopista del Sol; concluyó por la tarde con un mitin afuera de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE). Este sábado, los pobladores del núcleo agrario de Cacahuatepec, en la zona rural de Acapulco, y activistas también marcharon y rindieron un homenaje al dirigente social.
El asesinato de Marco Antonio Suástegui
La tarde del viernes 18 de abril de 2025, en plena temporada vacacional de Semana Santa, Marco Antonio Suástegui, líder opositor a la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, fue atacado a balazos al salir de la playa Icacos en el puerto de Acapulco, donde era prestador de servicios turísticos. De acuerdo con la versión de Tlachinollan en su 31 informe de actividades, turistas y trabajadores fueron testigos de que los perpetradores vigilaban al líder del CECOP. Marco Antonio los reconoció y decidió retirarse más temprano. Pero cuando se dirigía a su camioneta, un pistolero lo hirió de tres balazos. Aunque trató de esquivar los disparos, Marco no lo logró y cayó sobre la arena. Su familia lo subió en un camastro a su camioneta y lo llevó a un hospital, donde permaneció ocho días en terapia intensiva y finalmente murió el 25 de abril. Según el organismo, hubo indicios de la ubicación y detención del homicida, pero la FGE ocultó su captura y lo dejó libre.
Amenazas y desaparición de su hermano
Marco Antonio Suástegui ya había denunciado amenazas por su labor en defensa de la bahía de Acapulco y en los bienes comunales de Cacahuatepec. También había emprendido la búsqueda de su hermano Vicente Iván, que fue desaparecido el 5 de agosto de 2021. Cercanos han sostenido que la desaparición de Vicente es por su oposición al proyecto hidroeléctrico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que en el delito habrían participado integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), vinculados a grupos criminales de la zona.
Participantes en la marcha
En la marcha en Chilpancingo participaron padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el colectivo de familiares víctimas de desaparición, Lupita Rodríguez, integrantes del Sindicato de Trabajadores de Organismos Operadores de Agua del Estado de Guerrero (STOOAEG), provenientes de Acapulco y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan. Activistas y defensores de derechos humanos como Norma Mesino Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Diana Hernández Hernández, hija del luchador social Ranferi Hernández, asesinado en el 2017; y Martha Obeso Cázares, viuda de Armando Chavarría Barrera, ultimado a balazos en el 2009 cuando era diputado. En el trayecto se unieron integrantes del CECOP provenientes del núcleo agrario de Cacahuatepec, Acapulco, algunos con machete en mano, símbolo de la lucha de Suástegui Muñoz. Exigieron la libertad de los presos políticos del CECOP, Maximino Solís Valeriano, así como Modesto y Rodrigo León Jacinto.
Exigencias y críticas a la Fiscalía
En el mitin frente a la FGE, el antropólogo y director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, exigió a la FGE cumplir con su responsabilidad y dar con los autores materiales e intelectuales del asesinato de Marco Antonio Suástegui. “Hemos venido desde la Montaña, Costa Chica y Acapulco para reclamar la falta de atención y acción para que haya justicia, que castigue a los responsables y se rompa con esa inercia de seguir protegiendo a los responsables”. Acusó que, en Guerrero, las autoridades no han desmantelado el patrón de criminalidad. “El PRI generó una estructura criminal dentro de la procuraduría de justicia con policías violadores de derechos humanos y gatilleros de los caciques. Vino la procuraduría con el PRD y siguieron los asesinatos de los estudiantes de Ayotzinapa. Dijo que fueron policías estatales y federales los que mataron a dos normalistas en la autopista del Sol (Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, el 12 de diciembre de 2011) y no se castigó a nadie. “Se mantuvo la estructura delincuencial que ha venido desde hace más de cinco décadas cuando se dieron las desapariciones forzadas”. En las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales durante la Guerra Sucia, indicó Abel Barrera, no ha habido justicia. “No se castigó al Ejército, se aplicaron más de 200 vuelos de la muerte en Pie de la Cuesta para tirar a luchadores sociales al mar y no hubo nada de justicia. Esa es la fiscalía.”
Voces de la comunidad
Una adulta mayor, integrante del CECOP, expresó que Marco Antonio Suástegui no era un criminal, sino un defensor del agua y de la tierra. “No hay que tener miedo a nadie, pinches judiciales y policías mañosos. Y todos los que están en el gobierno son una mañosura.” El abogado de Tlachinollan, Rogelio Téliz García, informó que por el homicidio del líder del CECOP, no hay ni una persona detenida. “Ya aportamos información, llevamos un año de impunidad y no queremos pasar otro año igual, por lo tanto, los compañeros del sector estamos aquí hoy con otras organizaciones para que justamente el fiscal general investigue y haga justicia.” Recordó que Marco Antonio Suástegui, a costa de su vida, impidió con los pueblos que se hiciera la presa La Parota. Ahora, alertó, el espacio está abierto, pero las bases no van a permitir que el Estado continúe su pretensión de poner una mega empresa. La demanda, dijo, es que la Fiscalía siga la línea de investigación como defensor de derechos humanos y no lo apunte a un tema local o aún tema de delincuencia.
Violencia contra defensores y periodistas
En este contexto de criminalidad contra ambientalistas, activistas y estudiantes, en el último lustro han sido asesinados alrededor de 30 integrantes del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Además, en el actual gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda se han cometido cinco asesinatos contra periodistas: Alfredo Cardoso Echeverría (2021); Fredid Román Román (2022); Nelson Matus Peña (2023); Ronald Paz Pedro (2025); y José Carlos González Herrera (2025). El 24 de diciembre de 2022 fue desaparecido de manera forzada por hombres armados el periodista Alan García Aguilar, en Coyuca de Catalán, en la región Tierra Caliente.
