FIDH respalda asistencia de la ONU: Desapariciones en México sí son crímenes de lesa humanidad
La directora de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) para las Américas, Jimena Reyes, afirmó que, tras más de una década de documentación, las desapariciones en México son generalizadas y deben considerarse delitos de lesa humanidad, respaldando así la solicitud del Comité de Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU para que el caso sea llevado a la Asamblea General del organismo.
Documentación revela patrón sistemático
En entrevista con Proceso, Reyes destacó que la FIDH, en colaboración con organizaciones no gubernamentales, ha investigado la violencia en México desde 2016, identificando dinámicas similares en varios estados. "Nos dimos cuenta de la gravedad de la situación: las desapariciones eran iguales en diferentes regiones, claramente crímenes de lesa humanidad", dijo, refiriéndose a casos documentados en Coahuila, Nayarit y Veracruz presentados ante la Corte Penal Internacional.
La investigación encontró que el crimen organizado, como Los Zetas en Coahuila, realizaba desapariciones forzadas, a menudo con el apoyo de servidores públicos, incluyendo policías y fiscales. "Estábamos frente a una situación de desapariciones forzadas y crímenes de la humanidad", subrayó Reyes, señalando una impunidad del 98% y estimando que, al ritmo actual, se necesitarían 120 años para investigar las más de cien mil desapariciones reportadas.
Respuesta del Estado mexicano y llamado a la ONU
Reyes criticó que el Estado mexicano ha sido omiso durante más de una década, negándose a responder comunicaciones de la FIDH ante la Corte Penal Internacional, lo que llevó a recurrir al CED de la ONU. Los casos presentados abarcan desde 2009 hasta 2025, con documentación en Coahuila hasta 2026, respaldada por cien organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios.
"La última información enviada al Comité incluye hechos recientes, como el rancho Izaguirre en Jalisco, mostrando un carácter sistemático y organizado", explicó. La FIDH espera que la Asamblea General de la ONU genere condiciones para mejorar investigaciones, prevenir la crisis y abatir la corrupción detectada.
Posturas de colectivos y familiares
Diversos colectivos en Coahuila expresaron preocupación por la postura del Estado mexicano y la falta de contundencia del CED. Diana Iris García, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, lamentó que se sigan negando casos forzados, como el de su hijo Daniel Cantú Iris, y pidió aplicar el artículo 34 de la Convención Internacional.
Silvia Ortiz, madre de Stephanie Sánchez, consideró que el Comité debe ser más enfático, ya que México usa cifras del Registro Nacional para minimizar la crisis. "No es una situación generalizada en el país y por lo tanto no es un delito de lesa humanidad, es una situación grave", dijo, criticando la falta de avances en investigaciones.
Ariana Bosque García, representante legal de FAMUN, destacó el trabajo de documentación de la fallecida Blanca Martínez, exdirectora del Centro Fray Juan de Larios, y celebró que se reconozca en Coahuila desapariciones sistemáticas como crímenes de lesa humanidad. "Se busca reconocer la responsabilidad del Estado mexicano por omisión en investigaciones", afirmó, señalando la falta de respuestas objetivas en mesas de diálogo.
