Fundar México cuestiona metodología oficial para medir crisis de desapariciones
La organización Fundar México ha emitido una advertencia contundente: la grave crisis de desapariciones que afecta al país no puede medirse únicamente mediante la apertura de carpetas de investigación. Esta posición fue difundida el 27 de marzo de 2026, tras la presentación de los avances del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas por parte del Gobierno federal durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La distorsión de la realidad estadística
Fundar señaló que en un contexto donde la cifra negra de delitos no denunciados alcanza el alarmante 93%, utilizar exclusivamente las carpetas de investigación como parámetro para dimensionar la magnitud de las desapariciones representa una grave distorsión de la realidad. La organización enfatizó que condicionar la búsqueda de una persona desaparecida a la existencia formal de una carpeta de investigación afecta directamente el derecho fundamental de las personas a ser buscadas con diligencia y prontitud.
La preocupación se extiende a la reducción en las cifras oficiales de personas desaparecidas, proceso que según Fundar carece de transparencia metodológica respecto a cómo se realizó la depuración de datos. "No existe claridad sobre los criterios utilizados para esta disminución estadística", manifestaron desde la organización.
Críticas a la implementación de la ley
En su comunicado, Fundar recordó que la obligación de abrir carpetas de investigación en casos de desaparición no es una novedad, ya que existe desde la Ley General en materia de desaparición de 2017. El problema fundamental, según la organización, no radica en la falta de legislación, sino en graves deficiencias de implementación que incluyen:
- Malas prácticas institucionalizadas en las fiscalías
- Casos de corrupción que obstaculizan procesos
- Omisión sistemática en la recepción de denuncias
- Clasificación errónea de desapariciones como otros delitos
- Falta de investigaciones reales y efectivas
La organización cuestionó específicamente la afirmación oficial de que el 96% de las personas localizadas no fueron víctimas de delito, señalando que "no se ha presentado la metodología que sustenta esta conclusión, lo que genera dudas sobre su veracidad".
El grave problema del subregistro
Fundar advirtió que medir la crisis de desapariciones exclusivamente a través de carpetas de investigación puede generar un peligroso subregistro, ya que el número de carpetas abiertas no equivale necesariamente al número real de personas desaparecidas. Recordaron que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta más de 132 mil personas desaparecidas, cifra que según la organización es resultado de años de trabajo incansable de familias buscadoras y colectivos.
"Reducir la cifra basándose únicamente en registros ministeriales podría minimizar artificialmente la crisis y, consecuentemente, la responsabilidad del Estado en la búsqueda", alertó la organización en su posicionamiento.
Exclusión de actores clave
Finalmente, Fundar criticó que los nuevos instrumentos y metodologías se presenten sin la participación amplia y significativa de familias buscadoras, colectivos y organizaciones de la sociedad civil. La organización subrayó que la búsqueda de personas desaparecidas es una obligación constitucional del Estado que debe construirse con la participación activa de las víctimas, especialistas y organizaciones acompañantes.
"La construcción de políticas públicas en materia de desapariciones debe ser un proceso incluyente y transparente, no una imposición desde las instituciones", concluyó la organización en su comunicado, reiterando la necesidad de metodologías confiables que reflejen la verdadera magnitud de esta crisis humanitaria.
