Funcionaria federal reconoce graves problemas en base de datos de desaparecidos
Durante una reunión de trabajo con colectivos de familias de personas desaparecidas en Coahuila, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumecindo, admitió públicamente que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) presenta numerosas incongruencias y datos imprecisos que requieren verificación inmediata.
Familias cuestionan cifras oficiales
Diana Iris García, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y madre de Daniel Cantú -quien cumple 19 años desaparecido- relató que la comisionada federal se comprometió a trabajar sobre este registro defectuoso. "Lo que ella dijo que se va a dar a la tarea es trabajar sobre ese registro que no está bien hecho, hay muchas incongruencias y hay que verificar datos que no están precisos; apenas van a empezar a trabajar eso", señaló la activista.
La cifra oficial de 43,108 casos considerados como personas desaparecidas en todo el país generó indignación entre los colectivos. Iris García calificó estas estadísticas como "un juego maquiavélico" para reducir números ante la posible aplicación del Artículo 34 por parte del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.
Discrepancias estadísticas alarmantes
Las cifras presentadas el viernes 27 de marzo durante la conferencia matutina presidencial revelaron contradicciones significativas:
- De más de 133,000 casos registrados, solo 43,128 se consideran bajo estatus de desaparición
- El resto presenta datos incompletos o fueron localizados con vida
- Solo existen 3,869 carpetas de investigación en todo el país
Estos números contrastan dramáticamente con la realidad de Coahuila, donde según el fiscal especializado José Ángel Herrera Cepeda, existen 2,554 carpetas de investigación por delitos de desaparición. Esto significa que un solo estado concentraría aproximadamente el 66% de todas las investigaciones a nivel nacional.
Compromisos y estrategias de búsqueda
Lourdes Herrera, otra representante de los colectivos, informó que la comisionada aseguró que el Registro Nacional no será eliminado sino enriquecido. Para los casos de larga data se está elaborando un manual especializado, aunque aún no se ha concluido.
La funcionaria presentó nuevas estrategias de búsqueda que incluyen:
- Incorporación de especialistas multidisciplinarios (antropólogos, forenses, geofísicos, abogados e historiadores)
- Análisis de contexto para cada caso de desaparición
- Uso de tecnologías modernas como el "dron cobra" para analizar predios
- Verificación y actualización de fichas con progresión de edad
- Creación de un catálogo actualizado de personas desaparecidas
Derecho a denunciar vs. obligación estatal
La comisionada estatal de Búsqueda en Coahuila abordó la delicada cuestión de las denuncias, reconociendo que la ley local establece claramente que son las familias quienes determinan si presentan o no una denuncia formal. "Finalmente es un derecho humano que tiene la familia de querer o no querer levantar una denuncia", afirmó, aunque destacó la importancia de que las familias se concienticen sobre este procedimiento.
El fiscal Herrera Cepeda reveló un dato adicional preocupante: durante actividades de la Secretaría del Bienestar hace dos años, lograron ubicar aproximadamente 40 personas que habían realizado trámites para recibir la vacuna contra COVID-19, evidenciando las fallas en los sistemas de registro y seguimiento.
La reunión en Saltillo dejó en evidencia la urgente necesidad de depurar y actualizar el Registro Nacional, así como la profunda desconfianza de las familias hacia las cifras oficiales, mientras continúa la búsqueda de miles de personas desaparecidas en todo el territorio mexicano.
