La desaparición en México: un delito de bajo riesgo y alto rendimiento para el crimen
Según un informe devastador del colectivo "Causa en Común", en México desaparecer a una persona sale prácticamente gratis, una realidad que se refleja en cifras alarmantes. Desde 2006, se han registrado más de 130 mil personas desaparecidas, mientras que las autoridades apenas han abierto un poco más de 3 mil 800 carpetas de investigación. Esto significa que en 97 de cada 100 casos, el sistema ni siquiera inicia una diligencia mínima, admitiendo tácitamente que la desaparición es un delito de bajo riesgo para los criminales.
Un país de nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre
El mapa nacional está plagado de cementerios clandestinos, donde las fosas no son descubiertas por drones o grandes operativos, sino por madres, esposas y hermanos que rascan la tierra con sus propias manos. Esta acción desesperada surge porque las Fiscalías estatales a menudo se niegan a realizar búsquedas efectivas, dejando a las familias en una condena perpetua sin cuerpo, sin verdad y sin justicia.
El informe subraya que la desaparición avanza mucho más rápido que la justicia en México, convirtiendo al país en un territorio donde es más probable hallar un cuerpo en una fosa clandestina que sentar a los responsables en el banquillo de los acusados. Esta crisis ha creado una realidad brutal:
- Expedientes que nunca se abren por falta de voluntad política.
- Autoridades que se resisten a enfrentar la magnitud del problema.
- Familias abandonadas a su suerte en la búsqueda de sus seres queridos.
La inacción estatal y sus consecuencias
Mientras esta situación persista, México se consolida como un lugar donde desaparecer a una persona resulta más fácil que lograr justicia. La desaparición forzada se ha convertido en un mecanismo de alto rendimiento para el crimen organizado, aprovechando la impunidad y la ineptitud de funcionarios. El colectivo "Causa en Común" hace un llamado urgente a:
- Reforzar las investigaciones y aumentar el número de carpetas abiertas.
- Implementar protocolos efectivos de búsqueda con participación estatal.
- Garantizar acceso a la verdad y justicia para las familias afectadas.
Esta tragedia nacional no solo deja una estela de dolor, sino que cuestiona profundamente la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos y administrar justicia en uno de los delitos más atroces.
