Organizaciones civiles alertan sobre estrategia gubernamental para reducir cifras de desapariciones
Un conjunto de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos ha levantado la voz para denunciar lo que califican como un nuevo intento por parte del gobierno federal de minimizar la grave crisis de desapariciones forzadas que afecta a México. Según los activistas, esta maniobra se materializa a través de cambios en los criterios metodológicos utilizados para contabilizar los casos, lo que resultaría en una reducción artificial de las estadísticas oficiales.
Modificaciones en los protocolos de registro y seguimiento
Las ONG señalan que las autoridades están implementando ajustes en los sistemas de registro y clasificación de las desapariciones. Estos cambios, argumentan, excluirían arbitrariamente numerosos casos que actualmente están bajo investigación, especialmente aquellos donde existen indicios de participación de agentes del Estado o de grupos del crimen organizado. La preocupación central radica en que esta estrategia no solo distorsiona la realidad del problema, sino que también obstaculiza los procesos de búsqueda y localización de las víctimas, dejando a miles de familias en una situación de mayor desamparo e incertidumbre.
Impacto en las políticas públicas y la rendición de cuentas
La denuncia subraya que la manipulación de las cifras tiene consecuencias directas y profundas en múltiples ámbitos:
- Debilitamiento de las políticas públicas: Al presentar una imagen menos crítica de la situación, se reduce la urgencia y los recursos asignados a programas de búsqueda, atención a familias y prevención.
- Obstáculos para la justicia: Las estadísticas oficiales son fundamentales para documentar patrones de violencia, exigir responsabilidades y llevar ante la justicia a los responsables.
- Desconfianza institucional: Estas acciones erosionan aún más la credibilidad de las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia, ya de por sí muy cuestionadas por la ciudadanía.
Las organizaciones exigen transparencia total en los métodos de conteo y un compromiso genuino del Estado para abordar esta crisis humanitaria con la seriedad y los recursos que merece, priorizando siempre los derechos de las víctimas y sus familias.
