ONU eleva crisis de desapariciones en México a nivel de crímenes de lesa humanidad
El Comité sobre Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED) ha determinado que la situación en México ha alcanzado niveles de crímenes de lesa humanidad, tras años de seguimiento y evaluación exhaustiva. En una resolución histórica dada a conocer este jueves, el organismo internacional ha decidido elevar el caso al secretario general de la ONU, António Guterres, para que sea sometido a la Asamblea General en busca de medidas urgentes.
Fundamentos de la decisión
En su comunicado emitido desde Ginebra, Suiza, el CED sostiene que existen "indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad". Esta conclusión se basa en la evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y regiones del país.
La decisión se tomó en apego al artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, después de un proceso que incluye:
- Seguimiento continuo desde 2012
- Exámenes periódicos de la situación
- Visita oficial al país en 2021
- Solicitudes de acciones urgentes presentadas por familiares de víctimas
- Información proporcionada por el Estado mexicano y organizaciones de la sociedad civil
Posición del Estado mexicano
El gobierno mexicano presentó su posición oficial el 18 de septiembre de 2025, argumentando que "no existe en México un plan, política o línea de conductas atribuibles al Estado que busque atacar a la población civil". Según el documento gubernamental, las desapariciones se deben principalmente a acciones criminales aisladas de grupos armados y no constituyen una política generalizada o sistemática del Estado.
Las autoridades mexicanas desestimaron información presentada por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que documentó casos específicos de Coahuila, Nayarit y Veracruz, actualmente en litigio ante la Corte Penal Internacional. El Estado también cuestionó el uso del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que no distingue entre desapariciones forzadas y desapariciones por particulares.
Magnitud de la crisis
El Comité reconoce que, aunque el RNPDNO tiene limitaciones metodológicas, "la magnitud de los casos registrados pone de relieve la gravedad de la situación". Los datos oficiales revelan una realidad alarmante:
- Más de 130,000 personas desaparecidas registradas
- Más de 4,500 fosas clandestinas descubiertas
- Más de 6,200 cadáveres y 4,600 restos humanos recuperados
- Aproximadamente 72,000 restos humanos no identificados
Falta de avances sustanciales
El CED advierte que, a pesar de las medidas implementadas por el Estado mexicano después de la visita de 2021, "la situación no ha mostrado una mejora sustancial" según los datos oficiales disponibles. El Comité observa que las autoridades siguen desbordadas por la magnitud de la crisis y que se requieren urgentemente reformas estructurales para prevenir las desapariciones y garantizar la rendición de cuentas.
Aunque el CED reconoce que no hay indicios de una directriz estatal para cometer desapariciones ni de una "omisión deliberada", señala que "la falta de medidas eficaces para prevenir las desapariciones forzadas en el territorio nacional y sancionar a los perpetradores ha contribuido a fomentar un clima de inseguridad e impunidad".
Recomendaciones a la Asamblea General
El Comité propone a la Asamblea General de la ONU adoptar acciones específicas, incluyendo:
- Brindar cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en áreas críticas
- Fortalecer capacidades en búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva
- Investigar vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado
- Establecer mecanismos eficaces para esclarecer la verdad
- Proporcionar asistencia y protección a familias y organizaciones de búsqueda
En su resolución final, el CED reiteró su compromiso de mantener un diálogo permanente con las autoridades mexicanas y la sociedad civil, buscando soluciones concretas a esta crisis humanitaria que afecta a miles de familias en todo el país.
