ONU exige revisión urgente de reforma penal en El Salvador que impone cadena perpetua a menores
La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas, aprobó el 26 de marzo de 2026 un polémico paquete de reformas penales que incluye la posibilidad de imponer cadena perpetua a menores de edad desde los 12 años. Esta medida, que ha generado alarma internacional, fue ratificada mediante un cambio constitucional que permite dicha pena para casos de violación, homicidio y terrorismo, específicamente dirigida a pandilleros.
Posición firme de la ONU sobre los derechos de los niños
En respuesta a estas reformas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Panamá, emitió un comunicado este martes instando a las autoridades salvadoreñas a revisar con prontitud los cambios. Marta Hurtado, portavoz de la oficina, declaró: "Instamos a las autoridades de El Salvador a revisar con prontitud los preocupantes cambios constitucionales y legales adoptados la semana pasada, que prevén la cadena perpetua para niños y niñas desde los 12 años, en contradicción con las normas internacionales de derechos humanos".
Hurtado destacó que, según las disposiciones aprobadas, los casos de menores condenados a cadena perpetua solo serán revisados generalmente después de cumplir 25 años de detención. Este enfoque, según ella, contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño, que exige:
- Tratamiento prioritario de la rehabilitación y reintegración de los niños en conflicto con la ley.
- Uso de la privación de libertad solo como medida de último recurso.
- Limitación de la detención al período más breve posible.
Impacto perjudicial en el desarrollo y bienestar de los menores
La portavoz de la ONU enfatizó que "la detención prolongada es profundamente perjudicial para los niños y niñas, vulnera varios de sus derechos y afecta su desarrollo y bienestar a lo largo de la vida, reduciendo sus posibilidades de una reintegración exitosa en la sociedad". Además, subrayó la necesidad de mejorar las condiciones penitenciarias y garantizar el cumplimiento de las normas de derechos humanos para todas las personas privadas de libertad.
Estas declaraciones se producen en un contexto donde la comunidad internacional ha expresado preocupación por las políticas de seguridad en El Salvador, incluyendo investigaciones previas contra el presidente Nayib Bukele por presuntas torturas. La reforma, que habilita la cadena perpetua para menores, representa un giro significativo en el sistema penal del país y ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos por su potencial de agravar la situación de vulnerabilidad de la infancia.
