Orden judicial busca a exgobernador de Michoacán por violencia en comunidad purépecha
Nueve años después de los trágicos eventos que conmocionaron a la comunidad indígena de Arantepacua, un juez de control del fuero local en Michoacán ha emitido una orden de aprehensión contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo, su entonces secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, y 14 policías estatales más. Los cargos que enfrentan incluyen homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura, según la Fiscalía General del Estado.
Los hechos que desencadenaron la acción judicial
El 5 de abril de 2017, bajo el pretexto de recuperar unidades de transporte retenidas, la administración de Aureoles desplegó un operativo masivo con más de 300 elementos de seguridad que irrumpieron violentamente en la comunidad purépecha de Arantepacua, ubicada en el municipio de Nahuatzen. El saldo fue devastador: cuatro ejecuciones extrajudiciales (incluyendo la de un menor de edad), una decena de casos documentados de tortura y 37 personas lesionadas.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su recomendación 42/2020, documentó exhaustivamente la represión sufrida por los habitantes. Sin embargo, la Fiscalía General de la República determinó no atraer la investigación en 2022, dejando el caso en manos de las autoridades estatales hasta ahora.
La presión comunitaria y el camino hacia la justicia
Víctor Manuel Serrato Lozano, comisionado Estatal Ejecutivo de Atención a Víctimas en Michoacán, explicó que tras años de trabajos de reparación de daños individuales y colectivos, la comunidad de Arantepacua comenzó a presionar activamente por justicia hace dos semanas. "Es una exigencia de la comunidad y finalmente forma parte de la reparación: acceder a la verdad y a la justicia de lo que realmente sucedió en aquel fallido operativo", señaló el funcionario.
Entre las medidas de reparación implementadas destacan:
- La construcción del Hospital Comunitario de Arantepacua, que ya opera en consulta externa y tiene dos etapas pendientes de desarrollo.
- La creación de un memorial con esculturas en honor a las cuatro personas fallecidas, incluido el adolescente, como parte de las medidas de memoria, justicia y reparación.
- Seguimiento continuo a la recomendación de la CNDH, que exigía abrir carpetas de investigación contra los responsables.
Implicaciones legales y políticas
Esta orden de aprehensión marca un punto de inflexión en uno de los casos más emblemáticos de violencia estatal contra comunidades indígenas en México durante la última década. La acción judicial no solo busca sancionar a los responsables directos de la represión, sino que también representa un esfuerzo por cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y justicia transicional.
El caso de Arantepacua se enmarca en un patrón más amplio de conflictos en la región purépecha, donde las comunidades indígenas han enfrentado históricamente violencia, despojo de tierras y marginación institucional. La resolución de este proceso judicial podría establecer un precedente importante para futuros casos de abusos de autoridad y violaciones a derechos humanos en México.
