Especialistas en salud y miembros del colectivo Salvemos Miles de Vidas México señalaron que, a 19 años de la aprobación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la Ciudad de México, persisten barreras significativas que limitan una atención oportuna y completa. Entre los principales obstáculos destacan el estigma, la desinformación y el temor a la criminalización, tanto para las usuarias como para el personal de salud.
Aborto como servicio de salud, no como delito
Los expertos coincidieron en que el aborto debe ser legislado desde una perspectiva sanitaria y no penal. Señalaron que mantenerlo tipificado como delito en todo el país, incluso en la capital, genera incertidumbre en el personal de salud y miedo en las personas que buscan acceder al servicio, lo que retrasa la atención o lleva a procedimientos inseguros.
Según datos de la Secretaría de Salud de la CDMX, una de cada diez interrupciones legales del embarazo en la capital corresponde a mujeres y personas gestantes de otras entidades. Esto refleja cómo la ILE en la CDMX ha funcionado como una red de atención nacional ante las desigualdades en el acceso a servicios de salud reproductiva.
Impacto de la despenalización en la CDMX
Desde que se despenalizó el aborto en la capital, se han registrado más de 300 mil procedimientos con cero muertes maternas. La médica ginecobstetra Sandra Karina Gaspar Martínez afirmó que esto demuestra que, cuando existen servicios seguros y sin estigma, las mujeres no tienen por qué poner en riesgo su vida. Sin embargo, en otras entidades con regulaciones restrictivas, el aborto inseguro sigue siendo un problema de desigualdad nacional.
El colectivo Salvemos Miles de Vidas México señaló que la ILE en la capital ha demostrado que, cuando el Estado garantiza el acceso, la mortalidad materna por causas evitables disminuye. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año ocurren alrededor de 25 millones de abortos inseguros, responsables de aproximadamente el 13% de las muertes maternas, mismas que se pueden prevenir con servicios seguros.
Barreras adicionales en la implementación
Otra barrera identificada es la desinformación institucionalizada y el estigma persistente dentro de las instituciones de salud. La médica Joselyn Rivera Vilchis destacó que la objeción de conciencia se utiliza mal, no como un derecho individual, sino como un bloqueo institucional para negar el servicio. Mantener el aborto en el código penal, dijo, es un error de gestión pública que cuesta vidas.
El ginecobstetra José Enrique Bolaños urgió a regular el aborto únicamente como un servicio de salud, para que el personal médico pueda trabajar sin barreras ni miedo a la criminalización. Blanca Estela Kempis Robles, cirujana y partera, sentenció que mientras el aborto permanezca en el Código Penal, aunque tenga excepciones, seguirá tratándose como un tema penal y no de salud, generando miedo en usuarias y personal de salud.
Los integrantes de Salvemos Miles de Vidas México hicieron un llamado a legisladores federales y estatales para que tomen como ejemplo el caso de la CDMX, considerado un éxito regional que ha probado los beneficios de una política enfocada en la salud y la dignidad.
