En la Ciudad de México, aproximadamente seis mil personas en situación de calle enfrentan graves obstáculos para acceder a servicios de salud, incluso en emergencias. Aunque existe un protocolo de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien) que reconoce su derecho a la salud, casos recientes revelan que paramédicos y hospitales los rechazan bajo el argumento de que no cuentan con un familiar responsable.
Casos que evidencian la crisis
El 18 de abril, Daniel, un joven menor de 30 años originario de Culiacán, permaneció tirado durante día y medio en la esquina de Cerro de Santa Isabel y Avenida Taxqueña, frente a la Central de Autobuses del Sur. Con respiración entrecortada y dolor evidente, pidió ayuda a los vecinos, quienes llamaron repetidamente a los servicios de emergencia. Una vecina relató que, aunque una ambulancia llegó, los paramédicos se negaron a trasladarlo al ver su condición de indigencia. No fue sino hasta casi dos días después que una unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana finalmente lo subió a una camilla, mientras uno de los paramédicos comentó que "ya está agonizando" y que eran pocas las posibilidades de que sobreviviera.
En la alcaldía Iztacalco, un joven que se golpeó la cabeza pasó dos días en la banqueta. A pesar de que patrullas y ambulancias pasaban por el lugar, ninguna unidad accedió a trasladarlo hasta que, tras la presión vecinal, personal de la alcaldía intervino el lunes 27 de abril.
Reacciones de legisladores y activistas
El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Royfid Torres, señaló a Excélsior que "en general no se los llevan (las ambulancias) es una realidad, porque además sucede que, aunque la ambulancia accediera a llevárselos, a veces en el hospital no los reciben". En noviembre del año pasado, Torres presentó la iniciativa de Ley para la Protección de los Derechos de las Poblaciones Callejeras de la Ciudad de México, que contempla la expedición gratuita de documentos de identidad, programas sociales para acceso a trabajo, salud, vivienda, alimentación y políticas sociales para su reinserción.
El deterioro físico y mental
Luis Enrique Hernández, director de la asociación civil El Caracol, explicó que vivir en el espacio público genera un deterioro físico y mental acelerado debido a la falta de sueño, el consumo de sustancias y los niveles de violencia a los que están expuestos. "(Sufren) laceraciones en su cuerpo, lesiones en la cabeza, sufren un deterioro físico y mental que depende de los niveles de violencia a los que estén expuestos", destacó. El Caracol informa de forma permanente a esta población sobre los riesgos de consumir diversos tipos de drogas y cómo detectar síntomas físicos de alerta que requieren atención médica inmediata.
La falta de una estrategia específica
Hernández apuntó que, aunque existe un protocolo de la Sebien que enuncia el derecho a la salud, no hay una estrategia específica. Detalló que, en general, el problema es que las ambulancias no se los quieren llevar porque no hay una persona responsable que se haga cargo de la canalización a los hospitales y después no hay quien se quede con ellos si son internados. La asociación ha tenido que fungir como "familia social" para lograr ingresos hospitalarios, aunque su capacidad operativa es limitada. "Allí explicamos que 'somos su familia social' y podemos darle seguimiento en determinados horarios. Explicamos que no podemos estar 24/7 como lo hacen los familiares, pues tenemos muchas actividades que atender, pero sí estamos al pendiente y podemos ir en ciertos horarios", indicó Hernández.
Propuestas para mejorar la atención
Hernández enfatizó que se requiere incluir a esta población en la Ley del Sistema Público de Cuidados y activar el centro de valoración en Coruña para articular traslados institucionales. Agregó que dos acciones que puede poner en marcha de inmediato la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social son: "Monitorear a distintos grupos de personas en situación de calle (a través de las brigadas que tiene la dependencia) y detectar a las personas que tengan más deterioro en su salud y ofrecerles atención", subrayó. "Lo segundo es que tienen el centro de valoración y diagnóstico en Coruña, donde podrían canalizar a cualquier persona que necesite atención hospitalaria puesto que son gobierno. Pueden hacer una articulación institucional para garantizar el derecho a la salud de cualquier persona que esté en desventaja y no tenga familia".
