Organización de derechos humanos cuestiona cifras oficiales sobre desapariciones en México
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (ProDH) ha emitido una contundente crítica a las estadísticas presentadas por el gobierno federal sobre personas desaparecidas, argumentando que las 3,869 carpetas de investigación reportadas no reflejan una disminución real de este delito, sino las múltiples barreras que enfrentan las familias para acceder a la justicia.
Discrepancia entre cifras oficiales y realidad nacional
Durante su intervención pública, el organismo señaló que esta cifra contrasta dramáticamente con el universo de más de 132 mil personas desaparecidas registradas en el país, lo que evidencia inconsistencias metodológicas que preocupan profundamente a las organizaciones de derechos humanos. "Acotar a 43 mil 128 el número de personas desaparecidas reduce artificialmente la dimensión del problema en México", afirmó el ProDH.
La organización expresó especial preocupación por los más de 46 mil registros clasificados con 'datos insuficientes', para los cuales no se han anunciado acciones concretas de localización, trasladando en la práctica esa responsabilidad a las familias afectadas. "El problema del Registro es responsabilidad de las autoridades, no de quienes denuncian", subrayó el Centro.
Barreras sistémicas para denunciar desapariciones
Respecto a las 3,869 carpetas de investigación reportadas por el gobierno, el ProDH afirmó que esta cifra no refleja la ausencia de delitos, sino las dificultades estructurales que enfrentan las familias para acceder al sistema de justicia. El organismo advirtió que estas barreras se agravan significativamente en contextos donde las redes criminales tienen influencia en las fiscalías locales, lo que inhibe considerablemente la presentación de denuncias.
"La obligación de iniciar investigaciones ya existe en la legislación, pero sin medidas concretas que garanticen su implementación efectiva, estas limitaciones persistirán", recordó el Centro. Además, cuestionó el dato gubernamental de más del 90% de localizaciones, señalando que muchas de estas no son resultado de acciones estatales, sino del trabajo exhaustivo de las propias familias y sus redes comunitarias de apoyo.
Impunidad crónica y narrativas oficiales cuestionadas
El ProDH coincidió con colectivos de familiares en la necesidad urgente de mejorar los registros oficiales y transparentar las metodologías utilizadas por el Gobierno federal. Sin embargo, advirtió que la premisa oficial de que la mayoría de las desapariciones son "ausencias voluntarias" minimiza peligrosamente la responsabilidad del Estado en esta crisis humanitaria.
En este sentido, el organismo recordó que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU activó recientemente el artículo 34 de su protocolo, al considerar que en México las desapariciones ocurren de manera generalizada, lo que contradice directamente la narrativa oficial presentada por las autoridades federales.
Niveles alarmantes de impunidad
Respecto a las detenciones anunciadas por el Gobierno federal, el ProDH advirtió que estas no constituyen un indicador confiable de combate a la impunidad si no derivan en sentencias condenatorias. El Comité de la ONU ha documentado niveles de impunidad superiores al 99.9% en casos de desaparición forzada en México.
El organismo agregó que, a lo largo de distintas administraciones, las acciones gubernamentales se han centrado principalmente en ajustes estadísticos a las cifras, sin implementar una Política Nacional de Prevención y Erradicación integral, como ha sido recomendado repetidamente por instancias internacionales especializadas en derechos humanos.
Finalmente, el ProDH hizo un llamado a trascender los debates sobre cifras y concentrar esfuerzos en mecanismos efectivos de búsqueda, investigación y sanción, así como en el acompañamiento integral a las familias afectadas por esta tragedia nacional que continúa creciendo de manera silenciosa pero implacable.
