Protestas en México: Un Derecho Constitucional con Responsabilidades Claras
En México, el derecho a la protesta social pacífica está firmemente amparado por la ley, aunque enfrenta restricciones significativas cuando las manifestaciones obstruyen vías federales o infringen los derechos de terceros. En un fallo histórico de enero de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que no se puede exigir autorización previa para manifestarse en espacios públicos, al considerar que tal requisito actúa como un mecanismo de censura que vulnera la libertad de expresión y de reunión. Este criterio, derivado de la invalidación de una ley estatal en Sonora, tiene aplicación nacional en la interpretación jurídica.
El Paro de la CNTE y su Impacto en la Ciudad de México
En este contexto, el miércoles 18 de marzo de 2026, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició un paro de 72 horas en la Ciudad de México, extendiéndose hasta el día 20. Las marchas, que partieron del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo, provocaron afectaciones en vialidades clave como Paseo de la Reforma, ilustrando la tensión entre el ejercicio del derecho a protestar y la necesidad de mantener la movilidad urbana.
Lo que Cambió con la SCJN: Protección sin Permisos
El máximo tribunal mexicano invalidó la exigencia de permisos previos para manifestaciones, argumentando que limita derechos fundamentales y fomenta la discrecionalidad de las autoridades. Además, la SCJN estableció principios claros:
- No se puede condicionar la protesta a una autorización previa.
- Las autoridades no pueden restringir manifestaciones basándose en su contenido o mensaje.
- El derecho a la protesta social pacífica debe garantizarse conforme a estándares internacionales.
Respecto al aviso previo de 72 horas, la Corte aclaró que este no funciona como una autorización, sino como un mecanismo de coordinación para implementar medidas de seguridad. También dejó en claro que:
- La falta de aviso no invalida la protesta.
- No permite disolver manifestaciones.
- No aplica en protestas espontáneas.
CDMX: Diálogo y Límites en el Ejercicio del Derecho
En la Ciudad de México, un acuerdo oficial establece mecanismos de coordinación entre autoridades para atender bloqueos derivados de protestas sociales, bajo un enfoque de respeto a los derechos humanos. Las autoridades están obligadas a:
- Garantizar la integridad física, emocional y patrimonial de las personas.
- Priorizar el diálogo, la concertación política y la resolución pacífica de conflictos.
- Actuar conforme a protocolos basados en estándares internacionales.
El acuerdo define los bloqueos como la obstrucción de vialidades que impide la libertad de tránsito, lo que obliga a las autoridades a intervenir mediante diálogo y búsqueda de soluciones. Además, incluso en estos casos, se deben garantizar condiciones mínimas como el paso de ambulancias y servicios de emergencia, la atención a situaciones que pongan en riesgo la vida o integridad, y la difusión de rutas alternas para la ciudadanía.
¿Cuándo una Marcha Puede Ser Sancionada en CDMX?
Aunque protestar es un derecho, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México establece límites claros en el uso del espacio público. Entre ellos:
- No afectar la libertad de tránsito.
- No alterar el orden público.
- No vulnerar los derechos de otras personas.
Esto implica que el ejercicio de derechos debe realizarse bajo un principio de corresponsabilidad, sin afectar la convivencia ni el uso de espacios públicos.
Bloquear Carreteras Federales: Consecuencias Penales
Cuando las protestas se trasladan a carreteras o autopistas federales, las consecuencias pueden escalar a nivel penal. El artículo 167 del Código Penal Federal establece:
- De 1 a 5 años de prisión por colocar obstáculos o dañar vías para impedir el tránsito.
- Multas de 100 a 10 mil días multa.
Además, la Ley de Vías Generales de Comunicación contempla:
- De 3 meses a 7 años de prisión por interrumpir el transporte o dañar vías.
- Multas de entre 11 mil 731 y 58 mil 655 pesos, según la Unidad de Medida y Actualización (UMA) de 2026.
La Importancia del Derecho a Protestar
De acuerdo con Amnistía Internacional, las protestas son una forma habitual de expresar ideas y pueden contribuir a la protección de otros derechos. Quienes participan ejercen libertades como la expresión, la reunión pacífica y la asociación. Además, estas acciones están vinculadas a derechos como la no discriminación, la privacidad y la protección contra detenciones arbitrarias.
En México, marchar y protestar está protegido por la ley y no requiere autorización previa. Sin embargo, cuando estas acciones afectan de forma injustificada a terceros o implican bloqueos y daños en vías federales, pueden derivar en sanciones administrativas o incluso penales. El equilibrio está en ejercer el derecho a la protesta sin vulnerar otros derechos ni incurrir en conductas que la ley castiga.
