Gobierno de Morelos publica protocolo policial para 8M; activistas alertan sobre represión
El gobierno morenista de Margarita González Saravia en Morelos ha emitido un Protocolo de Actuación Policial para Manifestaciones a pocas horas de la marcha del 8 de marzo, generando fuertes críticas de activistas y defensores de derechos humanos. El documento, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” la noche del 6 de marzo de 2026, contiene disposiciones que según expertos podrían derivar en represión de la protesta y restricción de la libertad de expresión.
Ambiguidad y discrecionalidad en el protocolo
El protocolo, firmado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Miguel Ángel Urrutia Lozano, establece fases progresivas de intervención que incluyen advertencias, diálogo, delimitación de perímetros, encapsulamiento y finalmente "medidas de contención" si persiste la resistencia. Aunque se enfatiza el respeto a los derechos humanos, la amplitud de estas facultades permite interpretaciones que podrían sobrepasar la proporcionalidad incluso en manifestaciones pacíficas.
Uno de los puntos más controvertidos es la facultad para intervenir y detener por la "comisión de hechos con apariencia de delito", un término subjetivo que deja a criterio del oficial decidir quién "parece" estar cometiendo un ilícito. Activistas advierten que esto habilita perfilamiento selectivo, afectando particularmente a mujeres y personas jóvenes, y podría derivar en detenciones inconstitucionales.
Prioridad a la vialidad sobre la protesta
El documento otorga prioridad a la vialidad sobre la protesta misma, estableciendo que si las manifestantes se niegan a liberar las calles, la policía podrá desplegar "los dispositivos de seguridad necesarios". Esta disposición coloca el tránsito vehicular por encima de la libertad de reunión y expresión, según análisis de organizaciones civiles.
Además, el protocolo autoriza el uso de fuerza mediante extintores ante supuestas "acciones violentas", lo que genera riesgos de lesiones especialmente para grupos vulnerables. Esta inclusión evidencia una concepción de la protesta como amenaza más que como ejercicio de derechos, según señalaron integrantes de la colectiva Divulgadoras.
Preocupación por perspectiva de género insuficiente
En materia de género, el protocolo indica la necesidad de "respetar la integridad y los derechos de las mujeres participantes", pero no define criterios claros para evitar que acciones como encapsulamientos, revisiones preventivas o segregación se conviertan en formas de violencia o discriminación. Activistas feministas destacaron que la ambigüedad del documento permite la intervención de elementos masculinos en marchas feministas inicialmente atendidas por mujeres policías, aumentando el riesgo de abuso.
"El protocolo no garantiza protección efectiva ni perspectiva de género suficiente", señalaron integrantes de Divulgadoras, quienes prefirieron no dar sus nombres por temor a represalias. Advirtieron que este instrumento podría ser usado para inhibir protestas estudiantiles o cualquier forma de movilización ciudadana.
Contexto de movilizaciones estudiantiles
La publicación del protocolo ocurre en un contexto de movilizaciones estudiantiles en Morelos, particularmente del movimiento de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) que mantiene tomado el Campo Chimilpa y ha establecido un campamento en la rectoría. Los estudiantes exigen que la rectora Viridiana Aydeé León Hernández atienda la crisis de inseguridad en los campus.
Integrantes del movimiento estudiantil alertaron sobre la posibilidad de intervención policial en el interior del campus, considerándola un mecanismo para disuadir o reprimir la protesta. Ambos grupos hicieron un llamado a la gobernadora Margarita González Saravia para que se eviten mecanismos jurídicos que limiten la expresión ciudadana y se garantice la seguridad de mujeres y jóvenes en el estado.
Coordinación jerárquica y supervisión
El protocolo establece que las intervenciones deben coordinarse en niveles tácticos y estratégicos, bajo supervisión de mandos medios y superiores, evidenciando que las decisiones sobre uso de fuerza y detenciones se toman dentro de una cadena jerárquica. Según analistas, esta estructura prioriza el control de la manifestación sobre la protección efectiva de derechos.
La vaguedad de términos como "acciones violentas" o "apariencia de delito" amplía la discrecionalidad de los cuerpos de seguridad, generando preocupación entre la población morelense. En redes sociales se han multiplicado las alertas sobre los riesgos que este protocolo podría representar para las y los manifestantes del 8 de marzo.
El decreto ha sido interpretado por la sociedad civil como un intento de inhibir la participación ciudadana generando miedo y confusión entre quienes ejercen su derecho a la manifestación y a la libertad de expresión, en un momento particularmente sensible por las movilizaciones feministas y estudiantiles en el estado.
