El Gobierno de Querétaro ha puesto en marcha nuevas disposiciones que restringen el acceso al servicio público y a contratos gubernamentales para las personas inscritas en el Padrón de Deudores Alimentarios. La medida, que comenzó a aplicarse el 6 de mayo, forma parte de una política estatal enfocada en garantizar el cumplimiento de las obligaciones familiares.
Restricciones laborales y administrativas
De acuerdo con las nuevas reglas, quienes mantengan adeudos por pensión alimenticia no podrán ser contratados en dependencias estatales ni participar como proveedores o contratistas de la administración pública. Las autoridades han indicado que la intención es vincular el acceso a recursos y funciones públicas con el cumplimiento de responsabilidades legales.
Medidas adicionales
La disposición también contempla restricciones en determinados trámites administrativos, entre ellos, la expedición de licencias de conducir para personas registradas como morosas en el pago de alimentos. El gobierno estatal señaló que estas acciones buscan fortalecer los mecanismos de protección para niñas, niños y adolescentes, así como fomentar una mayor responsabilidad entre quienes tienen obligaciones alimentarias pendientes.
Contexto nacional
Con esta decisión, Querétaro se integra a las entidades del país que han implementado medidas legales y administrativas contra el incumplimiento de pensiones alimenticias, en línea con reformas impulsadas a nivel nacional en materia de derechos familiares. La medida refuerza el compromiso del estado con la protección de la infancia y la adolescencia.
