El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no ha sido citado a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la acusación realizada por Ismael 'El Mayo' Zambada, pese a que el capo lo señaló directamente en una carta difundida recientemente. La FGR no ha programado ninguna comparecencia del mandatario estatal, a pesar de que la acusación involucra presuntos vínculos con el crimen organizado.
Silencio oficial ante las acusaciones
Hasta el momento, la FGR no ha emitido una postura oficial sobre la denuncia de Zambada, quien asegura que Rocha Moya tuvo reuniones con él y con otros líderes del Cártel de Sinaloa. El gobernador ha negado categóricamente las acusaciones y ha ofrecido colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos. Sin embargo, la falta de acción por parte de la fiscalía ha generado críticas sobre la lentitud en la investigación.
Reacciones políticas y sociales
Diversos actores políticos han exigido que se investigue a fondo la denuncia. Legisladores de oposición han solicitado que Rocha Moya comparezca ante la FGR para aclarar su situación. Mientras tanto, organizaciones civiles han manifestado su preocupación por la posible infiltración del narcotráfico en las instituciones gubernamentales. La presión mediática también ha aumentado, con reportajes que detallan los supuestos vínculos entre el gobernador y el cártel.
El caso ha cobrado relevancia nacional, especialmente por la gravedad de las acusaciones y la posición de poder de Rocha Moya. La FGR se encuentra bajo escrutinio por su aparente inacción, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre su independencia y eficacia. Expertos en derecho penal señalan que, si bien la fiscalía debe actuar con prudencia, la demora podría interpretarse como una señal de debilidad o protección.
Antecedentes del caso
Ismael 'El Mayo' Zambada, uno de los narcotraficantes más buscados de México, fue detenido en Estados Unidos en julio de 2024. Desde entonces, ha colaborado con las autoridades estadounidenses y ha revelado información sobre políticos y funcionarios mexicanos. En una carta difundida en diciembre, Zambada acusó a Rocha Moya de haber mantenido reuniones con él en 2021, cuando el ahora gobernador era senador. La carta también menciona a otros políticos, aunque Rocha es el único que sigue en funciones.
La defensa de Rocha Moya ha argumentado que las acusaciones son parte de una estrategia de Zambada para obtener beneficios en su proceso judicial en Estados Unidos. Sin embargo, la FGR no ha desestimado la denuncia y mantiene abierta una carpeta de investigación. Hasta ahora, no se han presentado pruebas contundentes que respalden las afirmaciones del capo, pero tampoco se ha exonerado al gobernador.
Expectativas ciudadanas
La ciudadanía sinaloense espera una pronta resolución del caso, que afecta la credibilidad del gobierno estatal. Mientras tanto, Rocha Moya continúa con sus actividades oficiales, aunque su imagen pública se ha visto afectada. La FGR enfrenta el reto de demostrar su capacidad para investigar a funcionarios de alto nivel sin sesgos políticos. El desenlace de este caso podría sentar un precedente en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en México.
