Organizaciones internacionales presionan a la ONU por casos de periodistas desaparecidos en México
Una delegación conjunta de Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Propuesta Cívica realizó una misión de incidencia en Ginebra, ante las Naciones Unidas, para exigir acciones concretas contra la impunidad estructural que rodea la desaparición de periodistas en territorio mexicano. El objetivo central de esta iniciativa es convertir estos casos en una prioridad internacional dentro del sistema de derechos humanos, ante la prolongada ausencia de verdad y justicia para las víctimas y sus familias.
La grave situación de los comunicadores desaparecidos
Actualmente, 28 periodistas permanecen desaparecidos en México, algunos desde hace más de dos décadas, específicamente desde 1995. La delegación internacional se enfocó particularmente en cuatro casos emblemáticos ocurridos entre 2006 y 2010 en el estado de Michoacán, donde las organizaciones han documentado sólidamente la implicación de agentes del Estado o la inacción deliberada de las fuerzas de seguridad, fiscalías y sistema judicial.
Antoine Bernard, director de Incidencia y Asistencia de RSF, declaró enfáticamente: "La situación en México es grave: la desaparición de periodistas se inscribe en un contexto de violencia estructural, gobernanza criminal y control de las fiscalías, lo que evidencia un patrón de violencia contra la prensa tolerado por el Estado y caracterizado por omisiones sistemáticas y ausencia de justicia".
Los cuatro casos emblemáticos ante el Comité de Derechos Humanos
Las desapariciones de José Antonio García Apac (2006), Mauricio Estrada Zamora (2008), María Esther Aguilar Cansimbe (2009) y Ramón Ángeles Zalpa (2010) están siendo examinadas actualmente por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en diferentes etapas procesales:
- Ramón Ángeles Zalpa: Su caso fue presentado ante la ONU en 2022 y ya fue recibido por el Comité. El Estado mexicano presentó sus justificaciones, mientras que RSF y Propuesta Cívica entregaron su réplica. El caso está listo para ser examinado definitivamente.
- Mauricio Estrada Zamora: También presentado en 2022 y recibido por el Comité. Actualmente se espera que el Estado mexicano presente sus conclusiones finales para que el organismo internacional pueda pronunciarse.
- José Antonio García Apac y María Esther Aguilar Cansimbe: Ambos casos fueron remitidos al Comité de Derechos Humanos en agosto de 2025. Las organizaciones siguen esperando su aceptación oficial por parte del organismo internacional.
Falta de políticas nacionales y llamado a la acción internacional
Sara Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica, destacó que "el país aún no ha elaborado una política nacional para investigar las desapariciones de larga data que permita revisar los casos en los que se cometieron omisiones durante las primeras investigaciones". Subrayó la necesidad de utilizar nuevas tecnologías forenses y pistas de investigación actualizadas para avanzar en estos procesos.
La delegación se reunió con actores clave del sistema internacional de protección, incluyendo la Secretaría y la Unidad de Peticiones del Comité de Derechos Humanos, la oficina de la Relatora Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
Bernard concluyó con un llamado urgente: "Es imperativa una acción internacional sostenida para contribuir a romper el ciclo de total impunidad que persiste en el país. Y el Gobierno mexicano debe hacer todo lo que esté en su mano para dar respuestas concretas a las familias afectadas". Estos casos podrían establecer precedentes importantes sobre la responsabilidad internacional del Estado mexicano en materia de protección a periodistas y garantías de justicia.
