Un tercio de desaparecidos en México carece de datos para su búsqueda, revela informe oficial
La crisis de desapariciones en México no solo se intensifica en cifras, sino también en la incertidumbre que rodea a miles de casos. Según datos actualizados del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el país acumula un total de 132,534 personas desaparecidas, pero una de cada tres no cuenta con información suficiente para iniciar su búsqueda, lo que profundiza el dolor de las familias afectadas.
Panorama fragmentado y cifras preocupantes
El informe oficial presenta un escenario desolador: 46,724 registros carecen de datos mínimos, imposibilitando cualquier acción de localización; 40,308 casos muestran actividad posterior a la desaparición, como trámites en el INE o SAT, lo que sugiere posibles errores administrativos; y 43,128 personas cuentan con información completa, pero aún no han sido encontradas. Este desglose evidencia fallas estructurales en el sistema, agravadas por prácticas anteriores a la reforma de 2025, cuando no se exigían datos básicos al reportar desapariciones.
Detrás de estas estadísticas, hay historias humanas truncadas. Madres como Ceci Flores, quien recientemente encontró restos que podrían ser de su hijo, simbolizan la lucha incansable de las familias. Muchas, ante la falta de respuestas oficiales, se organizan en brigadas para rastrear fosas clandestinas con sus propios recursos, cargando con una responsabilidad que debería ser institucional.
Críticas a la estrategia gubernamental
La administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha impulsado una Estrategia de Búsqueda y Localización, que busca cruzar bases de datos y realizar visitas domiciliarias para confirmar si las personas siguen con vida. Aunque esta iniciativa ha permitido ubicar a más de cinco mil individuos, organizaciones como Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez advierten sobre su insuficiencia.
Estas entidades critican que reducir la crisis a registros con datos completos distorsiona la magnitud real del problema, dejando a más de 46 mil casos sin búsqueda activa. Además, señalan la falta de transparencia en la metodología oficial, cuestionando cómo se determina la actividad posterior a la desaparición o si un caso está vinculado a un delito. Expertos también destacan el bajo número de investigaciones formales: de los más de 43 mil casos con datos completos, solo 3,869 cuentan con carpeta de investigación, reflejando obstáculos en las denuncias y fallas en las Fiscalías estatales.
Recomendaciones y llamado a la acción
Las organizaciones defensoras de derechos humanos coinciden en varias recomendaciones clave: transparentar las metodologías del Registro Nacional, incluir a familias y especialistas en el diseño de políticas públicas, fortalecer las Fiscalías estatales y no condicionar la búsqueda a la existencia de una carpeta de investigación. Subrayan la necesidad de una política integral que no solo busque a los desaparecidos, sino que también prevenga nuevas desapariciones y combata la impunidad, que supera el 99% en estos casos según organismos internacionales.
Frente a estas críticas, el Gobierno federal, a través del subsecretario Félix Arturo Medina Padilla, asegura mantener un diálogo permanente con familias y colectivos, y destaca herramientas como la Plataforma Única de Identidad y la CURP Biométrica para cruzar datos. Sin embargo, sin una mayor transparencia y participación ciudadana, las acciones institucionales podrían seguir siendo limitadas ante una crisis de gran escala que afecta a todo el país.
