Valla policial fractura marcha 8M en Saltillo: contingente transincluyente excluido
La conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Saltillo, Coahuila, se vio marcada por una profunda división y tensión. Una valla formada por mujeres de la Policía Estatal impidió físicamente que el contingente transincluyente se uniera al resto de la manifestación, generando un clima de confrontación y acusaciones de exclusión dentro del movimiento feminista.
El bloqueo que dividió la movilización
Frente a una enorme lona que anunciaba “Hasta aquí llega la marcha 8M 2026 Saltillo”, un bloque de agentes policiales actuó como barrera infranqueable. Este contingente transincluyente, integrado por víctimas de violencia vicaria, activistas proaborto, personas trans y sus aliados, fue sistemáticamente impedido de ingresar al grupo principal. La situación desató empujones, reclamos vehementes y denuncias públicas de discriminación.
La colectiva radical autodenominada, liderada por la agrupación Furia Feminista y la influencer Polette Delgado, justificó posteriormente en redes sociales esta postura separatista. Argumentaron que actuaron “desde la congruencia con nuestro piso político y velar por la seguridad de todas”, haciendo referencia a incidentes violentos ocurridos el año anterior en el Congreso estatal.
Presencia policial y acusaciones de complicidad
La intervención de las fuerzas de seguridad no se limitó a la valla divisoria. A lo largo del recorrido se observaron agentes vestidos de civil, y en la Plaza Nueva Tlaxcala estaban presentes uniformados de la Policía Especializada y la Agencia de Investigación Criminal. Activistas como Teresa Meraz, de la colectiva Aborto Seguro, e Issa Ruiz, víctima de violencia vicaria, denunciaron empujones contra mujeres trans y provocaciones por parte de integrantes del Bloque Negro alineados con el ala radical.
“Es deleznable que quienes se supone debieran cuidarnos estén impidiéndonos marchar. Están yendo contra la ley y nos están quitando nuestro derecho a manifestarnos”, declaró Meraz con evidente indignación. Ruiz, quien ha levantado tres actas por violación a medidas precautorias, añadió: “No aparecieron cuando las necesité. Hice 46 llamadas y ahora están aquí para restringir la participación”.
Dos plazas, un movimiento fracturado
La tensión alcanzó su punto álgido cuando la marcha se dividió definitivamente. Mientras el contingente radical continuó hacia la Plaza Nueva Tlaxcala, el grupo transincluyente se quedó en la plaza Manuel Acuña, a apenas dos cuadras de distancia. Esta separación física simbolizó la ruptura ideológica que venía gestándose entre las colectivas.
Teresa Meraz leyó un comunicado recordando que nunca se investigaron las agresiones sufridas el año anterior por parte de agentes estatales, quienes lanzaron gas lacrimógeno desde el interior del Congreso. Las activistas interpretaron la presencia policial de este año como un mensaje claro: la impunidad prevalecerá ante la protesta social en Coahuila.
Consecuencias y reflexiones
La fractura visible tuvo consecuencias inmediatas en la participación ciudadana. Aunque las cifras oficiales hablaron de 15 mil asistentes, era evidente que el contingente fue significativamente menor que en ediciones anteriores. Muchas mujeres decidieron retirarse al presenciar los conatos de agresión y la palpable división.
La colectiva “No pudieron apagarnos”, en coordinación con la llamada Policía Violeta, fue acusada de realizar acciones de segregación, discriminación y criminalización contra el contingente transincluyente. Este episodio dejó al descubierto las profundas tensiones dentro del movimiento feminista coahuilense, planteando serios cuestionamientos sobre inclusión, seguridad y el derecho a la protesta en el estado.
