La cruda realidad de la impunidad en Veracruz: solo un caso de periodistas asesinados tiene sentencia firme
En Veracruz, el homicidio de periodistas se ha convertido en un símbolo de impunidad que refleja una crisis profunda en el sistema de justicia mexicano. Los familiares de las víctimas enfrentan un doble calvario: el dolor del crimen y la frustración de un proceso judicial que, lejos de ofrecer consuelo, libera a asesinos confesos por fallas procesales, mientras los autores intelectuales permanecen prófugos. Esta situación no es aislada; es un patrón que se repite en decenas de casos, dejando a las familias en un limbo de injusticia.
El caso Ferral: un ejemplo de fallas judiciales y liberaciones injustificadas
El asesinato de la periodista María Elena Ferral, ocurrido el 30 de marzo de 2020, ilustra las graves deficiencias del sistema. A pesar de que siete personas fueron detenidas, dos de ellas, que confesaron su participación, recuperaron la libertad tras ganar amparos. Los argumentos se basaron en alegaciones de tortura para obtener declaraciones, lo que evidencia fallas en la integración de las investigaciones. Para Fernanda Luna, hija de la víctima, esta noticia fue tan impactante que sufrió un conato de infarto y requirió hospitalización.
Ella lamenta: "El mensaje es que nos pueden matar y no pasa nada. Ellos van a seguir en la impunidad y sin castigo". Su caso es similar al de una treintena de periodistas asesinados en Veracruz, donde solo uno, el de Ricardo Monlui, ejecutado en marzo de 2017, cuenta con una sentencia condenatoria firme. En 2019, un juez dictó 50 años de prisión para Ángel Rojas Benítez, alias la Paloma, pero incluso aquí, la familia no ha podido acceder a la reparación del daño debido a trámites burocráticos.
Red Memoria y Lucha: la unión de familiares en busca de justicia
Ante la desesperanza, familiares como Jorge Sánchez, hijo del reportero Moisés Sánchez asesinado en enero de 2015, han formado la asociación Red Memoria y Lucha de familiares de periodistas asesinados y desaparecidos en Veracruz. Esta red busca impulsar acciones de memoria, acompañamiento jurídico y presión institucional. Sánchez explica que, en la mayoría de los casos, los expedientes permanecen abiertos por años, con apelaciones y amparos que evitan sentencias firmes.
"Tenemos la seguridad de que en México no va a haber justicia. Eso es un hecho para nosotros", afirma con resignación. Además, destaca el desgaste económico y emocional que implica para las familias estar constantemente en juzgados, reviviendo las tragedias sin ver avances concretos.
Fallas procesales y presunta complicidad institucional
Las irregularidades en las investigaciones son alarmantes. En el caso de Moisés Sánchez, por ejemplo, se documentaron pérdidas de evidencias, desaparición de fotografías de implicados y solicitudes tardías de grabaciones, lo que permitió que videos cruciales fueran eliminados antes de su análisis. Sánchez sostiene: "Parece que no hay un protocolo para salvaguardar la evidencia".
Estas fallas no son accidentales; según las familias, existe una posible complicidad institucional. A pesar de acuerdos con autoridades para investigar a funcionarios que integraron deficientemente las carpetas de investigación, no se han iniciado procesos. "Todo recae en la fiscalía: la detención, la recolección de pruebas, el resguardo de la evidencia", explica Sánchez, señalando un círculo vicioso de impunidad.
Casos repetidos: un patrón de liberaciones y prófugos
La situación se repite en múltiples casos. En el asesinato del periodista Jorge Celestino Ruiz en 2019, uno de los presuntos responsables obtuvo libertad y otro está prófugo con amparo. Para Jacinto Romero, asesinado en 2021, varios implicados fueron liberados por falta de pruebas. Y el caso de Gregorio Jiménez, secuestrado y asesinado en 2014, cumple 11 años sin una sentencia contra ninguno de los cinco detenidos.
Fernanda Luna añade que, en el caso de su madre, se denunciaron filtraciones en la carpeta de investigación y deficiencias en las líneas de indagación, lo que facilitó las liberaciones. "Salieron por la mala integración de la carpeta, no porque sean inocentes", insiste.
Impunidad crónica y demandas de transparencia
De acuerdo con el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la impunidad es abrumadora. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) ha iniciado 2,371 investigaciones desde 2010, pero solo 201 se han resuelto, lo que representa una impunidad del 84.7%. Si se consideran solo las sentencias condenatorias, la impunidad alcanza el 98.27%.
Las organizaciones exigen transparencia en los avances de las investigaciones y desagregación de información por tipo de delito, sexo y género. Además, las familias han solicitado una audiencia con la nueva gobernadora de Veracruz, pero no han recibido respuesta, lo que refleja la continuidad del abandono institucional.
Hacia una comisión de la verdad: la última esperanza
Ante la falta de resultados, el colectivo de familiares propone la creación de una comisión de la verdad para los casos de periodistas asesinados. Jorge Sánchez argumenta: "Porque no importa a quién presenten, no hay un procedimiento sólido". Esta medida busca romper el ciclo de impunidad y ofrecer un mínimo de justicia a quienes han perdido a sus seres queridos.
Mientras tanto, las familias continúan su lucha, recordando que detrás de cada estadística hay vidas truncadas y un sistema que, en vez de proteger, perpetúa el dolor. La impunidad en Veracruz no es solo un número; es una herida abierta que exige acción inmediata y compromiso real de las autoridades.
