La activista María Teresa de Jesús Ochoa Hernández, integrante del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, fue vinculada a proceso tras una audiencia judicial celebrada este jueves, luego de su detención el pasado 25 de abril en Dinamita, Gómez Palacio, Durango.
Imputación por daños por incendio
La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) le imputa el delito de daños por incendio por hechos ocurridos en 2023. Según la dependencia, la orden de aprehensión deriva de una carpeta de investigación por eventos registrados el 27 de marzo de 2023 en terrenos de la antigua Hacienda de San Fernando de Tlahualilo, en el municipio de Lerdo. Las indagatorias señalan que diversas personas, entre ellas Ochoa Hernández, habrían retirado la delimitación de un predio compuesta por madera, palos de táscate y alambre de púas, en una extensión aproximada de mil 500 metros lineales. Posteriormente, los materiales fueron agrupados y quemados, lo que ocasionó daños a la cerca perimetral y un perjuicio económico estimado en 210 mil pesos. Con base en estos hechos, un juez otorgó la orden de aprehensión que fue ejecutada tres años después mediante un operativo en el poblado Dinamita.
Operativo cuestionado
La FGED informó que en el despliegue participaron elementos de la Policía Investigadora de Delitos, Guardia Nacional y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, bajo la conducción del Ministerio Público y en cumplimiento de una orden de cateo. Tras su detención, Ochoa Hernández fue trasladada al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Durango.
Defensa señala irregularidades
El abogado de Ochoa Hernández, Ruén Favela, cuestionó la legalidad de la detención y del proceso judicial. Señaló presuntas omisiones de la defensa pública al no impugnar la detención, lo que, afirmó, contraviene el artículo 16 constitucional y el Código Nacional de Procedimientos Penales. De acuerdo con el defensor, la participación de la Guardia Nacional en la ejecución de la orden de aprehensión sería improcedente, al tratarse de un delito no grave que se persigue por querella. También sostuvo que la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva representa un exceso y vulnera el principio de presunción de inocencia.
Contexto de tensión en la región Laguna
El caso se desarrolla en un entorno de tensión en la región Laguna, donde continúan las protestas por la liberación de personas detenidas y por el esclarecimiento de otros hechos recientes, como la muerte de un integrante del Frente dentro del Cereso de Durango. Mientras la Fiscalía sostiene que la investigación responde a hechos ocurridos en 2023, familiares, organizaciones y la defensa legal plantean dudas sobre la legalidad del operativo y el uso de la prisión preventiva. El proceso continuará en las próximas etapas judiciales, en medio de exigencias de revisión del caso por parte de los colectivos.
Participación activa en manifestaciones
María Teresa de Jesús Ochoa Hernández es hija de Bernardino "Nino" Ochoa, uno de los líderes del Frente. No es la única familiar del líder detenida; también están Reinalda Hernández, Aurora Aidé Correa, Bernardino Ochoa Hernández, José Jacinto Ochoa Hernández y Valentín Ochoa Hernández, quienes forman parte del grupo arrestado en marzo. En una entrevista previa, Teresa Ochoa Hernández declaró: "Mis familiares es gente humilde, mi mamá es ama de casa, mis hermanos son trabajadores, los detienen a ellos, los detienen en la iglesia de Dinamita, ni siquiera estaban en la manifestación". También cuestionó el operativo desplegado durante las protestas: "Ellos pedían solamente una liquidación justa, la cual no fueron escuchados, fueron detenidos, fueron reprimidos por más de 200 unidades policiacas, fue una represión brutal por parte del gobernador Esteban Villegas y la presidenta, Betzabé Arango", afirmó en referencia a los hechos del 18 de marzo. Además, denunció el hostigamiento constante de fuerzas de seguridad: "Todos los días mandan Guardia Nacional, Policía Estatal, Municipal, Fiscalía, Sedena, o sea, a hostigar al pueblo de Dinamita. Ya basta, ya basta de tanta injusticia, ¿Dónde está derechos humanos?, ¿Dónde está la presidenta municipal?, ¿Dónde está el gobernador? Ya que ayuden al pueblo, no que lo repriman".
De acuerdo con integrantes del Frente Unido, Ochoa Hernández, quien se dedicaba a las labores del hogar y a la crianza y cuidado de sus hijos, no participaba inicialmente en la organización y se integró tras la detención de sus familiares, como parte de la exigencia de justicia. Temen que su detención tenga como fin el líder del movimiento y que pueda ser sometida a actos de tortura o presión. Hipólito Trujillo señaló: "Creemos que se la llevan porque piensan que ella sabe dónde está Bernardino".
Muerte de integrante del Frente
El caso se desarrolla además en un contexto marcado por la muerte de Javier Mendoza Martínez, integrante del Frente Unido, quien falleció el 13 de abril al interior del Cereso de Durango. Su detención se dio en un hecho distinto, el 25 de marzo, acusado por el robo de 4.5 toneladas de nuez en 2024, pese a que el hombre, de 64 años, tenía problemas serios de visión. Este hecho incrementó las protestas y las exigencias de esclarecimiento por parte de familiares y organizaciones. La muerte bajo custodia y las detenciones masivas han intensificado el conflicto en la región, donde comunidades ejidales mantienen movilizaciones y denuncias públicas.
Integrantes del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio viajaron a la Ciudad de México para pedir la intervención del gobierno federal para que la Fiscalía General de la República atraiga el caso, pues considera que la justicia en Durango no será imparcial. Además, participaron en el Foro de Solidaridad con los Pueblos de la Laguna, convocado por el Movimiento Nacional Comunitario, para dar a conocer lo acontecido en la Región. El evento se desarrolló el 26 de abril en el Museo Casa de la Memoria Indómita. El Movimiento Nacional Comunitario exigió la liberación de los detenidos, sanciones a los responsables, un alto a la represión y el restablecimiento del Estado de Derecho, así como un alto a la criminalización social. Se dijeron además dispuestos a participar en las movilizaciones para impedir más represión.
