IECM debate ampliación de derechos electorales para migrantes y personas en prisión preventiva
Debaten derechos electorales para migrantes y personas en prisión

IECM fortalece mecanismos para garantizar derechos electorales de grupos prioritarios

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) mantiene una estrategia activa para asegurar el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de dos sectores considerados dentro de los Grupos de Atención Prioritaria: las personas mexicanas que residen fuera del país y aquellas que se encuentran en prisión preventiva.

Diálogo académico sobre reforma electoral y acciones afirmativas

Durante el seminario "Reforma electoral, grupos de atención prioritaria y acciones afirmativas", organizado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, consejeras electorales del organismo destacaron la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales que permitan el acceso efectivo a estos derechos sin discriminación alguna.

La consejera electoral Erika Estrada Ruiz explicó en la mesa "Migración y voto en prisión preventiva: ampliación y límites del ejercicio de derechos políticos" el funcionamiento de las acciones afirmativas en el ámbito político-electoral y las poblaciones específicas que buscan beneficiar.

Histórico avance del voto migrante capitalino

Estrada Ruiz recordó que la Ciudad de México cuenta con importantes antecedentes en materia de voto en el extranjero:

  • Desde 2012, las personas residentes fuera del país pueden participar en la elección de la Jefatura de Gobierno
  • Posteriormente se desarrollaron mecanismos para votar por internet
  • En 2021 se incorporó la figura de la Diputación Migrante, permitiendo elegir un representante específico de la comunidad en el exterior

La consejera destacó que el IECM ha desarrollado durante años un trabajo coordinado con:

  1. Liderazgos migrantes
  2. Partidos políticos
  3. Instituciones académicas
  4. Organizaciones de la sociedad civil

Para fortalecer la representación de las y los capitalinos que viven fuera del país, el instituto ha impulsado estrategias de difusión mediante herramientas digitales como transmisiones en línea, chats y podcasts, además de colaborar activamente con consulados y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Avance democrático: voto en prisión preventiva

Por su parte, la consejera electoral María de los Ángeles Gil Sánchez enfatizó que la participación electoral de personas en prisión preventiva representa un avance significativo en la ampliación de derechos dentro del sistema democrático.

"Al no contar con una sentencia condenatoria, estas personas mantienen vigentes sus derechos político-electorales", explicó Gil Sánchez, quien detalló que, tras la reforma al Código Electoral de la Ciudad de México aprobada en 2023, el IECM asumió la responsabilidad de diseñar e implementar mecanismos específicos para facilitar el voto de este sector de la población.

Testimonios de representantes migrantes

La diputada migrante Maribel Solache González señaló que tanto las personas mexicanas en el exterior como aquellas en prisión preventiva enfrentan obstáculos diversos para ejercer sus derechos políticos, por lo que consideró "necesario fortalecer los mecanismos institucionales que garanticen su participación".

A su vez, el diputado migrante Raúl Torres Guerrero destacó que las y los capitalinos representan aproximadamente el 50 por ciento de la votación en el extranjero, logro que atribuyó al trabajo desarrollado por el instituto electoral para promover la participación fuera del país.

Reconocimiento a la dignidad humana

Finalmente, María Isabel Sánchez González, directora general de la asociación civil México en Números, afirmó que el voto de personas en prisión preventiva constituye un reconocimiento fundamental a la dignidad humana y planteó la necesidad de consolidar una estructura normativa permanente que garantice su ejercicio continuo y efectivo.

El seminario concluyó con el consenso sobre la importancia de mantener el diálogo permanente entre autoridades electorales, academia y representantes políticos para seguir avanzando en la protección y ampliación de los derechos electorales de todos los grupos de atención prioritaria en la capital del país.