Políticos juegan sus últimas cartas para asegurar candidaturas familiares en 2027
Tanto líderes políticos como servidores públicos están afinando estrategias para que sus familiares y cónyuges puedan sucederles como gobernadores, legisladores o alcaldes en las próximas elecciones. Esto ocurre antes de que entre en vigor la prohibición del "nepotismo electoral" establecida en la Constitución a partir de 2030, marcando una carrera contra el tiempo para mantener dinastías políticas.
La ventana de oportunidad se cierra rápidamente
Las posibilidades se reducen debido a decisiones partidistas y reformas legales. Morena, en su Consejo Nacional del pasado 7 de marzo, aprobó que cónyuges, padres, hijos o familiares de quienes detentan cargos de elección popular no serán considerados para participar en las encuestas internas para elegir candidatos rumbo a 2027. Sin embargo, otros partidos como el PVEM y el PT no han adoptado normas similares, abriendo una puerta para aspirantes con vínculos familiares.
Un ejemplo destacado es el caso de Karen Castrejón, dirigente del Partido Verde, quien anunció que su partido no irá en alianza con Morena para la gubernatura de San Luis Potosí. Esta decisión facilita que la senadora Ruth González, esposa del actual gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, pueda sucederlo en 2027. De manera similar, figuras como el senador Saúl Monreal, hermano del gobernador de Zacatecas, y el senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora de Guerrero, mantienen aspiraciones por partidos como PVEM y PT.
Cabildeos intensos y promoción de vástagos
En la última semana, se han realizado cabildeos donde políticos de larga trayectoria promueven activamente a sus hijos. Leonel Cota Montaño, exgobernador de Baja California Sur y actual subsecretario de Agricultura, busca que su hijo Manuel Cota Cárdenas, diputado federal del PVEM, sea candidato a la gubernatura sudcaliforniana. Manuel Velasco Coello, coordinador de los senadores del PVEM, ya ha destacado a Cota Cárdenas como una "figura fuerte" para ese cargo.
Otro caso es el de Narciso Agúndez, exgobernador de BCS, quien promueve a su hijo Christian Agúndez Gómez, alcalde de Los Cabos por el PT, para la misma gubernatura. Además, Mariana Rodríguez Cantú, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, es señalada por el líder de MC, Jorge Álvarez Máynez, como una de las figuras mejor posicionadas para sucederlo, aprovechando la ventana antes de 2030.
La reforma constitucional y su impacto futuro
La reforma constitucional contra el nepotismo electoral, que entrará en vigor en 2030, tiene objetivos claros:
- Prohibir la reelección inmediata para personas que hayan obtenido un cargo de elección popular.
- Establecer requisitos de idoneidad que impidan candidaturas de familiares en línea directa o colateral hasta cierto grado.
- Evitar que puestos de elección popular se hereden entre familiares, una práctica criticada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Aunque inicialmente se propuso aplicar la reforma desde 2027, el acuerdo legislativo pospuso su implementación hasta 2030, dando un margen de acción a los políticos. Los procedimientos internos de los partidos comenzarán a definir candidaturas a partir de junio de este año para 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales y numerosos cargos locales.
El arraigado "derecho de sangre" en la política mexicana
La tradición de que familiares sucedan o compartan cargos con políticos influyentes es un rasgo distintivo en México, presente en todas las fuerzas políticas. Ejemplos actuales incluyen:
- El senador de Morena Miguel Ángel Yunes Márquez, cuyo padre es su suplente y su exesposa fue alcaldesa de Veracruz.
- La senadora del PRI Carolina Viggiano, esposa del diputado Rubén Moreira.
- El diputado de MC Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, sobrino de la diputada del PAN Margarita Zavala.
- El líder de Morena Ricardo Monreal, hermano del senador Saúl Monreal y del gobernador de Zacatecas.
Estos casos ilustran cómo el nepotismo ha permeado las estructuras políticas, haciendo de las elecciones de 2027 una última oportunidad para que esta práctica continúe antes de las restricciones constitucionales.
