Activistas toman el Congreso de Sinaloa en protesta por caso de violencia política de género
Con consignas como "diputada enemiga, nuestro chat no se investiga", un grupo de activistas y personas cercanas a Emma Zermeño irrumpió este miércoles en la sede del Congreso del Estado de Sinaloa en Culiacán. La protesta se dirigió contra la diputada con licencia Almendra Negrete, señalada como "dato protegido 2" en una denuncia por violencia política en razón de género que ha escalado hasta la máxima instancia electoral del país.
El origen del conflicto: capturas de WhatsApp como prueba
El caso se originó cuando la funcionaria, quien también se desempeña como secretaria de Diversidad del partido Morena, presentó una denuncia contra la activista Emma Zermeño. Para sustentar su acusación, Negrete utilizó capturas de pantalla de una conversación privada mantenida entre Zermeño, una funcionaria de la Secretaría de las Mujeres y otra persona identificada como Jonathan Alexis durante los años 2024 y 2025.
El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (TEESIN) había desechado inicialmente la denuncia, pero el caso tomó un giro significativo cuando llegó a la Sala Regional en Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Esta instancia ordenó revisar el caso después de admitir las capturas de pantalla como prueba válida de violencia política de género, una decisión que generó inmediata controversia entre defensores de derechos digitales.
La escalada de las protestas y la respuesta institucional
Tras esta resolución, las críticas y manifestaciones contra la diputada con licencia se intensificaron considerablemente. Los manifestantes acusan a Negrete de utilizar su posición de poder para perseguir opiniones expresadas en espacios privados, estableciendo lo que consideran un peligroso precedente para la libertad de expresión en entornos digitales.
"Este caso trasciende a las personas involucradas y se convierte en una batalla por los derechos digitales de todos los ciudadanos", señaló uno de los organizadores de la protesta frente al Congreso sinaloense, donde los manifestantes corearon consignas durante más de una hora antes de ser desalojados por elementos de seguridad.
La decisión pendiente del TEPJF
El conflicto mantuvo su ascenso en la agenda pública y este miércoles 18 de marzo, la Sala Superior del TEPJF tenía programado revisar el caso en una sesión que prometía ser histórica. De forma extraoficial, se filtró el proyecto de resolución del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, el cual propone revocar todas las sanciones contra Emma Zermeño.
El documento filtrado argumenta que las conversaciones privadas están protegidas por el derecho fundamental a la intimidad y que su difusión sin consentimiento podría sentar un precedente peligroso de censura digital. Esta postura ha sido celebrada por organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes advierten sobre los riesgos de utilizar comunicaciones privadas como evidencia en procesos de violencia política.
Las posibles consecuencias para la activista
Entre las sanciones que enfrentaba Emma Zermeño se encontraban no solamente medidas de censura, sino también su inclusión en el Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política de Género. Además, Almendra Negrete había solicitado una disculpa pública dirigida específicamente a su persona y una indemnización por daño moral por 300 mil pesos, elementos que ahora podrían quedar sin efecto dependiendo del fallo final del TEPJF.
El caso ha dividido opiniones en el ámbito político sinaloense y nacional, con algunos legisladores defendiendo el uso de todas las pruebas disponibles para combatir la violencia política contra las mujeres, mientras que otros alertan sobre el riesgo de criminalizar expresiones en espacios privados. Lo que comenzó como una denuncia entre dos figuras públicas se ha convertido en un referente nacional sobre los límites entre la protección contra la violencia política y el derecho a la privacidad digital.
