Organizaciones sociales denuncian expansión del fracking en México
Diversas organizaciones civiles y comunidades afectadas han emitido una alerta sobre el creciente avance de la producción de gas mediante fractura hidráulica, comúnmente conocida como fracking, en varios estados del territorio mexicano. Esta técnica, que implica la inyección de agua, arena y químicos a alta presión para extraer gas natural de formaciones rocosas profundas, está generando profunda preocupación entre colectivos ambientalistas y habitantes de regiones donde se implementa.
Impactos en territorios y comunidades vulnerables
Los grupos denunciantes señalan que el fracking representa una grave amenaza para los ecosistemas y la salud pública en las zonas de operación. Entre los principales riesgos identificados se encuentran:
- Contaminación de mantos acuíferos y fuentes de agua potable
- Liberación de sustancias químicas tóxicas al medio ambiente
- Posible inducción de actividad sísmica en regiones no tradicionalmente sísmicas
- Alteración irreversible de paisajes y suelos agrícolas
Además, las organizaciones destacan que muchas de estas actividades se desarrollan en territorios de comunidades indígenas y campesinas, donde los procesos de consulta previa e informada han sido insuficientes o inexistentes, violando derechos colectivos reconocidos en instrumentos internacionales.
Expansión geográfica y marco regulatorio
Según los reportes de las organizaciones, el fracking ha experimentado una notable expansión geográfica en los últimos años, con presencia documentada en estados como:
- Veracruz, donde se concentra una parte significativa de la actividad
- Tamaulipas, con proyectos en desarrollo
- Coahuila, en la región carbonífera
- Nuevo León, en zonas fronterizas
- Chihuahua, en el norte del país
Esta expansión ocurre en un contexto de vacíos regulatorios y falta de transparencia en la información sobre concesiones, volúmenes de producción y medidas de mitigación ambiental. Las organizaciones exigen al gobierno federal y a las autoridades estatales:
- Establecer una moratoria inmediata a nuevas autorizaciones de fracking
- Realizar estudios independientes sobre los impactos acumulativos
- Garantizar el derecho a la consulta de las comunidades afectadas
- Fortalecer la vigilancia y monitoreo ambiental en zonas de operación
La producción de gas mediante fracking en México representa así un complejo desafío que enfrenta intereses económicos, derechos territoriales y la protección del medio ambiente, en un debate que continúa ganando relevancia en la agenda pública nacional.
