Gobierno federal reconoce origen del derrame en instalaciones de Pemex
En un giro significativo en la narrativa oficial, el gobierno federal admitió este jueves que el derrame de hidrocarburos que afectó las costas del Golfo de México se originó en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex). La revelación contradice las versiones previas de las autoridades, que durante semanas habían atribuido la contaminación a un barco y a chapopoteras naturales.
Separación de funcionarios y denuncia penal
Como consecuencia de esta admisión, la empresa estatal separó a tres funcionarios con presunta responsabilidad en los hechos y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). La información se dio a conocer durante la conferencia de prensa del Grupo Interinstitucional conformado para investigar el incidente ambiental.
"Existe evidencia de que sí hubo un derrame de hidrocarburo en las inmediaciones de la plataforma de Abkatún Cantarell", declaró el director de Pemex, Víctor Rodríguez, quien detalló que la fuga ocurrió en un oleoducto en la zona de plataformas cercanas a Abkatún Pol-Chuc en Cantarell.
Irregularidades detectadas en la investigación
El Grupo Interinstitucional, conformado por Marina, Semarnat, Sener, Secretaría de Ciencia y Profepa, entre otras dependencias, identificó múltiples irregularidades:
- Una pérdida de integridad mecánica y reparación de oleoducto que no fueron reportados a la alta dirección de Pemex.
- La negación sistemática de la fuga por parte de las áreas operativas, especialmente durante marzo cuando comenzaron a llegar residuos de petróleo a las costas.
- Coincidencia entre el sitio de la fuga y el origen identificado por científicos en imágenes satelitales.
- Ocultamiento de al menos 350 m3 de agua oleosa recuperada en barreras de contención.
- Contradicción entre la descripción inicial de un "lagrimeo" y el despliegue masivo de 11 barcos para contener el derrame.
- Decisión de no cortar completamente el flujo para limitar la duración y magnitud del incidente.
- Cierre de la válvula principal ocho días después de detectada la fuga, el 14 de febrero.
- Solicitud al CICESE para simular la dispersión de hidrocarburos, emitida el 6 de febrero, que evidencia conocimiento temprano del problema.
Funcionarios separados y responsabilidades
Los servidores públicos separados de sus cargos son:
- Subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental
- Coordinador de Control Marino
- Líder de Derrames y Residuos
"Toda vez que pudieran estar vinculados con los hechos", señaló el comunicado conjunto de las autoridades. Paralelamente, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y Pemex realizaron inspecciones y presentaron la denuncia penal para el deslinde de responsabilidades.
Contradicción con declaraciones presidenciales previas
La admisión gubernamental contrasta marcadamente con declaraciones previas de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien el 31 de marzo había negado que una fuga de ductos fuera el origen del derrame. "Se tienen que revisar todas las instalaciones, hasta ahora no ha habido reportado una fuga", afirmó en aquel momento, sugiriendo que podrían tratarse de chapopoteras naturales.
Denuncias de organizaciones ambientales
Organizaciones ambientalistas habían señalado desde febrero que imágenes satelitales mostraban manchas de hidrocarburo frente a Campeche, específicamente sobre un ducto activo que conecta la plataforma Akal C con la Terminal Marítima Dos Bocas. Catorce organizaciones presentaron una denuncia conjunta afirmando que las autoridades, enteradas de lo ocurrido, omitieron tanto la información como los lineamientos del Plan Nacional de Contingencia.
Según estas organizaciones, existen registros de contaminación desde principios de febrero, mientras que el discurso oficial mantuvo que los primeros reportes en Coatzacoalcos fueron el 2 de marzo, fecha en que supuestamente se activó el protocolo de contingencia.
Impacto en costas de Veracruz y Tabasco
El derrame afectó principalmente las costas de Veracruz y Tabasco, generando preocupación entre comunidades costeras y organizaciones ambientales que calificaron el manejo de la crisis como una "crisis de transparencia". A pesar de las afirmaciones oficiales de que las playas se encuentran seguras y limpias, persisten dudas sobre el impacto ambiental real y la efectividad de las medidas de contención implementadas.
