La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) ha intensificado su ofensiva legal contra el oligopolio del Gas LP en México. Tras confirmar una colusión que operó durante una década, el organismo presentó una demanda colectiva contra 53 empresas —encabezadas por gigantes como Grupo Soni, Simsa, Nieto, Tomza, Global Gas y Gas Metropolitano— para resarcir el daño económico directo a millones de hogares.
Detalles de la colusión
La acción legal se fundamenta en una resolución técnica que demostró que esas empresas, en lugar de competir, establecieron un “pacto de no agresión”. Según la CNA, los grupos gaseros coordinaron precios y se repartieron rutas de distribución en la Ciudad de México, Estado de México, Colima, Tamaulipas y Sinaloa. Este esquema generó un daño patrimonial estimado en 13 mil millones de pesos, producto de sobreprecios impuestos sistemáticamente a la población.
Impacto en los hogares mexicanos
La gravedad de la colusión reside en la dependencia de las familias mexicanas hacia este insumo. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares, elaborada por el Inegi en colaboración con la Secretaría de Energía (Sener), 8 de cada 10 familias mexicanas utilizan el Gas LP como su principal fuente de energía para cocinar y calentar agua. El Banco de México ha señalado en diversos reportes sobre la inflación que las variaciones en los precios de los energéticos, particularmente el gas LP, tienen una incidencia directa y desproporcionada en los deciles de ingresos más bajos de la población.
Antecedentes y posturas del sector
Históricamente, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo (Amexgas) y la Asociación de Distribuidores de Gas LP (ADG) han argumentado que los precios finales están sujetos a la volatilidad internacional de los precios de referencia (como el Mont Belvieu de Texas) y a los costos logísticos. Sin embargo, ante las investigaciones de colusión, el sector industrial ha enfrentado presiones para transparentar sus márgenes de utilidad. En foros de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), representantes de los distribuidores han expresado que la regulación de precios máximos (implementada en años recientes) afecta la inversión en infraestructura, aunque la CNA sostiene que la falta de competencia real es lo que verdaderamente encarece el producto.
Objetivo de la demanda colectiva
A diferencia de las multas administrativas que ingresan a la hacienda pública, esta demanda colectiva busca un beneficio directo al bolsillo del ciudadano. La CNA solicita que los tribunales condenen a las empresas a reparar el daño causado, con medidas que eviten futuras afectaciones a los ciudadanos.
