Orden de aprehensión contra exgobernador Silvano Aureoles por graves delitos en Michoacán
La Fiscalía General de Justicia de Michoacán ha obtenido una orden de aprehensión en contra del exgobernador de la entidad, Silvano Aureoles Conejo, así como de su exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, y varios policías estatales. Los cargos incluyen abuso de autoridad, tortura y homicidio calificado, relacionados con un operativo ocurrido en 2017.
Detalles del caso y cargos presentados
Según fuentes de la fiscalía confirmadas a medios, los delitos están vinculados al homicidio de cuatro personas originarias de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, donde además resultaron lesionados diez habitantes de la comunidad. El juez autorizó las órdenes de captura después de que la Fiscalía, encabezada por Carlos Torres Piña, presentara pruebas suficientes que sustentan los cargos contra Aureoles, Corona y los elementos policiales involucrados.
Además, se emitieron otras órdenes de aprehensión contra policías estatales que habrían participado en los hechos del 5 de abril de 2017. Este operativo, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dejó un saldo de cuatro presuntas ejecuciones extrajudiciales, al menos diez personas torturadas y treinta y ocho detenciones arbitrarias.
Contexto histórico del conflicto en Arantepacua
El caso Arantepacua se remonta a un conflicto comunitario que derivó en el operativo de 2017. En 2026 se cumplen nueve años de esta intervención, que resultó en cuatro fallecidos y una docena de lesionados. Los antecedentes indican que el conflicto se originó públicamente por la retención de vehículos de empresas privadas, pero en el fondo existía una disputa por el control de zonas boscosas entre comuneros de Arantepacua y la comunidad de Capacuaro, en el municipio de Uruapan.
Previo al operativo, ya se habían registrado detenciones y enfrentamientos entre habitantes de ambas comunidades, lo que elevó la tensión en la región. Durante la madrugada del 5 de abril de 2017, elementos de seguridad ingresaron a la comunidad, desencadenando los eventos que ahora son objeto de investigación y cargos penales.
Este desarrollo judicial marca un hito en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias, destacando la importancia de la rendición de cuentas en casos de abuso de autoridad y violaciones a los derechos humanos en México.
