La diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez planteó ante la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Jalisco una agenda legislativa orientada a transformar la manera en que el estado planea, financia y ejecuta la obra pública. La legisladora advirtió que, aunque Jalisco se ubica en el cuarto lugar nacional en competitividad, cae al séptimo en infraestructura, lo que evidencia una brecha entre su dinamismo económico y la capacidad instalada para sostenerlo.
Inversión como prioridad estratégica
En su calidad de presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso local, Cárdenas subrayó que la inversión en construcción debe asumirse como una prioridad estratégica. “Cada peso invertido genera 1.84 pesos adicionales en la economía”, señaló, al enfatizar que la infraestructura funciona como un motor de desarrollo y no como un gasto.
Por su parte, el presidente de la CMIC Jalisco, Roberto Escobedo Rivas, destacó que el sector emplea a más de 155 mil trabajadores registrados ante el IMSS y que para 2026 se proyecta una inversión pública superior a 22 mil 500 millones de pesos.
El rezago y sus costos
La diputada explicó que el deterioro de la infraestructura tiene efectos acumulativos si no se invierte de forma sostenida. Bajo el concepto de Acervo de Capital Público, ejemplificó que una carretera sin mantenimiento puede perder entre 3% y 5% de su valor cada año, mientras que redes de agua o instalaciones hospitalarias se rezagan frente al crecimiento poblacional.
Organismos como el Banco Mundial y el BID han documentado que la falta de inversión puede provocar pérdidas de entre 25% y 40% del valor real de los activos en una década. Recordó que Jalisco ya enfrentó este escenario: al inicio del sexenio pasado, cerca del 80% de su red carretera se encontraba en malas condiciones. Su rehabilitación implicó una inversión superior a 40 mil millones de pesos entre 2019 y 2023 en rubros como carreteras, agua, hospitales y obra municipal. “Ese es el costo de no invertir”, puntualizó.
Tres ejes de reforma
Como respuesta, Cárdenas presentó tres iniciativas concretas. La primera busca actualizar la Ley de Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios —marco de las asociaciones público-privadas— para agilizar aprobaciones, establecer mecanismos de arbitraje en contratos y contemplar ajustes inflacionarios en proyectos multianuales. Propuso además crear una subcomisión técnica con participación de la CMIC para revisar estos cambios en un plazo de seis meses.
El segundo eje plantea la creación de un fondo de infraestructura estratégica con asignaciones plurianuales blindadas contra recortes. Según explicó, el desfase entre proyectos de largo aliento y presupuestos anuales provoca interrupciones y sobrecostos, por lo que el Congreso debe garantizar la continuidad financiera de las obras.
La tercera propuesta consiste en una Ley Estatal de Planeación de Infraestructura que establezca un plan maestro a 15 años, actualizable cada tres, obligando a las administraciones entrantes a respetar los proyectos o justificar técnicamente cualquier modificación. “La infraestructura que no se construye se traduce en desigualdad”, afirmó.
Mesas de trabajo permanentes
Finalmente, la legisladora propuso instalar mesas de trabajo permanentes entre el Congreso, la CMIC y el Ejecutivo estatal en cuatro áreas clave: agua, energía, carreteras y salud, con metas verificables y calendario definido para aterrizar iniciativas. Desde la industria, Escobedo Rivas expresó el respaldo del organismo para acompañar este proceso legislativo.
