HERMOSILLO, Son. (apro).— A 12 años del derrame que Grupo México provocó en el Río Sonora, las comunidades afectadas denuncian que el Gobierno federal perfila un “carpetazo” al asunto en los próximos días, cuando un juez de la Ciudad de México deba dictaminar al respecto.
Acuerdo sin consulta
Esto debido a que el proceso se basa, según afirman los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), en un convenio del gobierno con la minera para la reparación del daño. Pero dicho convenio “no existe”, según dijo la Secretaría de Gobernación cuando la gente de los pueblos del río solicitó el documento a través de un recurso de transparencia, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo anunció en febrero de este año junto con una inversión inicial de 500 millones de pesos.
De acuerdo con las comunidades afectadas por la contaminación ambiental, los compromisos de Grupo México podrían declararse “cumplidos” en las manos del juez cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Ulises Olwaldo Rivera González, dado que “en los próximos días” éste deberá emitir un veredicto.
Compromisos a puerta cerrada
Estos compromisos, en concreto, fueron “negociados a puerta cerrada, sin garantizar reparación integral ni participación efectiva de las comunidades, y sin que exista un plan, documentos o garantías que respalden la promesa de remediar el daño”, afirman los CCRS.
La situación, además, apunta a una contradicción con lo dictaminado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en enero de 2020, cuando estableció que no es posible declarar cerrado el caso ni completa la reparación medioambiental si no hubo participación de las comunidades afectadas durante el proceso.
Llamado a la justicia ambiental
“La decisión del juez Rivera González definirá si la justicia ambiental en México es real o solo una promesa: si el Poder Judicial está dispuesto a hacer cumplir una sentencia emblemática de la SCJN, o si permitirá que uno de los casos más graves de contaminación ambiental en el país se cierre sin transparencia ni rendición de cuentas”, concluye la organización fundada tras el derrame de 40 millones de litros de desechos peligrosos, sucedida el 6 de agosto de 2014.
