Comunidades Mayas exponen ante la ONU la crisis ambiental en la Península de Yucatán
En un encuentro histórico en Mérida, las comunidades mayas de Santa María Chi, Chocholá y Sitilpech presentaron un informe detallado ante Marcos Orellana, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, denunciando la devastación ambiental causada por las megagranjas porcícolas y avícolas, así como por la minería a cielo abierto vinculada al Tren Maya.
Vulneración sistemática de derechos humanos
Durante la visita del lunes a la comisaría de Santa María Chi, municipio de Mérida, los representantes mayas compartieron con Orellana los efectos negativos al entorno, mientras que el relator de la ONU reiteró que se trata de una vulneración grave de derechos humanos. "Es un tema de derechos humanos porque la exposición a sustancias peligrosas puede generar la vulneración de derechos que están internacionalmente reconocidos como el derecho a la vida, a la salud y a un medioambiente sano", explicó Orellana.
El caso emblemático de la granja San Gerardo
El informe presentado, titulado "La toxificación de la Península de Yucatán", detalla casos específicos como el de la granja San Gerardo, propiedad de las empresas Chumoxil y San Gerardo, y aparcera de la empresa Kekén. A pesar de que el 9 de septiembre de 2025 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) anunció su clausura definitiva, no se presentó plan alguno de reparación integral para el ecosistema afectado.
"Diversos análisis de calidad de agua han reportado que el agua de pozo presenta altas concentraciones de coliformes fecales y E. coli. La empresa ha operado sin autorización de impacto ambiental y sin permiso de descarga de aguas residuales", documenta el informe entregado por organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal A.C., la Contraloría Autónoma del Agua de Yucatán y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
Características geológicas que agravan la contaminación
El documento explica que en Yucatán, Campeche y Quintana Roo —la Península de Yucatán— la naturaleza del suelo kárstico, compuesto por rocas solubles y sistemas de cuevas de alta permeabilidad, facilita que los contaminantes se filtren rápidamente en el subsuelo y las reservas de agua, amplificando los impactos negativos de la expansión agroindustrial.
Criminalización de defensores ambientales
El informe también expone la criminalización sistemática de las personas que defienden el medioambiente. Uno de los casos más emblemáticos es el del subcomisario de Santa María Chi, Wilberth Nahuat, quien enfrentó un juicio acusado de delitos como privación ilegal de la libertad de trabajadores de la granja, simplemente por participar en protestas pacíficas.
"A nosotros no nos golpeó la policía; nos criminalizaron penalmente para intentar frenarnos", declaró Nahuat frente al Relator de la ONU durante el encuentro.
Impacto de la minería vinculada al Tren Maya
El documento aborda extensamente los efectos de la minería a cielo abierto generada a partir de la construcción del Tren Maya. Confirmaron que entre 2018 y marzo de 2025 se habilitaron 362 nuevos bancos de extracción en la región peninsular (165 en Campeche, 108 en Quintana Roo y 53 en Yucatán) para abastecer las obras del megaproyecto.
"Otro de los fenómenos asociados a la extracción de material pétreo es la contaminación por Residuos Sólidos Urbanos (RSU), Residuos de Manejo Especial (RME) y Residuos Peligrosos (RP)", expresaron en el documento, destacando cómo la actividad minera está generando una nueva capa de contaminación en la ya vulnerable península.
Un llamado urgente a la acción
La presentación del informe ante el relator de la ONU representa un llamado urgente a las autoridades mexicanas y a la comunidad internacional para tomar medidas concretas que protejan los derechos de las comunidades mayas y el frágil ecosistema de la Península de Yucatán, amenazado por modelos de desarrollo insostenibles que priorizan el beneficio económico sobre la salud ambiental y humana.
