Organizaciones civiles exigen investigación exhaustiva sobre programa de reforestación en Nuevo León
Un conjunto de organizaciones no gubernamentales ha presentado una solicitud formal para que la Auditoría Superior del Estado (ASE), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inicien investigaciones detalladas sobre el programa de reforestación implementado en el estado de Nuevo León. Las denuncias apuntan hacia posibles irregularidades en la asignación y ejecución de recursos públicos destinados a este proyecto ambiental.
Denuncias de anomalías en la gestión de fondos
Según las ONG, existen indicios de que los fondos asignados para la reforestación podrían haber sido mal administrados o desviados. Se han identificado discrepancias en los reportes oficiales respecto al número de árboles plantados y las áreas efectivamente reforestadas. Además, se cuestiona la transparencia en los procesos de contratación de empresas y proveedores involucrados en la iniciativa.
Las organizaciones argumentan que, de confirmarse estas irregularidades, se estaría comprometiendo no solo la integridad del programa, sino también los objetivos ambientales de mitigación del cambio climático y conservación de la biodiversidad en la región.
Llamado a acciones coordinadas de las autoridades
La petición específica incluye:
- Que la ASE realice una auditoría integral de los recursos ejercidos en el programa de reforestación.
- Que la UIF investigue posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculadas a los contratos.
- Que el SAT revise las declaraciones fiscales de las empresas participantes para detectar inconsistencias.
Las ONG enfatizan la necesidad de una colaboración interinstitucional efectiva para garantizar que las investigaciones sean exhaustivas y conduzcan a la rendición de cuentas. También han hecho un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada y vigilante sobre el uso de los fondos públicos en proyectos de esta naturaleza.
Hasta el momento, las autoridades mencionadas no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la solicitud. Sin embargo, las organizaciones civiles esperan una pronta respuesta y el inicio de las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos y, en su caso, sancionar a los responsables.
