Organizaciones civiles y representantes de comunidades afectadas solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum una reunión urgente para abordar el derrame de sustancias tóxicas ocurrido en el río Sonora, el cual ha generado una grave crisis ambiental y sanitaria en la región.
Antecedentes del derrame
El incidente, registrado la semana pasada, involucró el vertido de químicos industriales al afluente, afectando a miles de personas que dependen del agua para consumo humano, agricultura y ganadería. Las primeras investigaciones apuntan a una falla en una planta minera cercana como posible origen de la contaminación.
Impacto en comunidades
Las comunidades ribereñas han reportado la muerte de peces, malformaciones en animales y síntomas de intoxicación en habitantes. Los líderes locales denuncian que las autoridades no han actuado con la celeridad necesaria para contener el daño y proporcionar agua potable alternativa.
En una carta dirigida a la mandataria, los firmantes exigen la activación de un plan de emergencia integral, que incluya la remediación del río, atención médica para los afectados y la garantía de suministro de agua limpia. Asimismo, solicitan que se investigue a fondo la responsabilidad de la empresa involucrada y se apliquen las sanciones correspondientes.
Postura del gobierno
Hasta el momento, la Presidencia no ha confirmado si aceptará la reunión. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que ya se realizan monitoreos en la zona y se evalúan las acciones de mitigación. Sin embargo, los activistas consideran insuficientes estas medidas y urgen una respuesta directa de la jefa del Ejecutivo.
El derrame en el río Sonora recuerda a otros desastres ambientales en el país, como el ocurrido en 2014 en el mismo río, cuando un derrame de sulfato de cobre de la mina Buenavista del Cobre afectó a más de 20 mil personas. En aquella ocasión, la empresa fue multada, pero los pobladores aseguran que los daños a la salud y al ecosistema persisten.
Llamado a la acción
Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran el Centro de Derechos Humanos de la Montaña y la Red de Afectados por la Minería, hicieron un llamado a la sociedad civil a sumarse a las protestas pacíficas para presionar al gobierno. También pidieron la intervención de organismos internacionales de derechos humanos para garantizar una atención integral.
La petición de reunión urgente refleja la desconfianza de las comunidades hacia las autoridades locales, a las que acusan de minimizar la gravedad del derrame. Los afectados esperan que la presidenta Sheinbaum, quien ha prometido un gobierno cercano al pueblo, atienda personalmente sus demandas y tome medidas concretas para evitar que esta crisis se agrave.
