La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha confirmado el retiro de 41 mil 570 cerdos de la Granja Porcícola Santa María, ubicada en la comisaría del mismo nombre en Mérida, Yucatán. Este hecho representa un triunfo parcial para la comunidad maya, que durante casi tres años ha luchado mediante amparos, denuncias y protestas, enfrentando incluso la criminalización por defender su derecho a un medioambiente limpio, tanto en el agua como en el aire.
Un primer paso hacia la reparación
La salida de los cerdos es solo el comienzo. Aún está pendiente el plan para resarcir el daño ambiental causado. La Profepa ha indicado que en los próximos 10 días hábiles, la empresa deberá presentar un estudio de daño ambiental final con las correcciones solicitadas. Posteriormente, se requerirá un calendario para las acciones correctivas y de compensación. Sin embargo, la comunidad teme ser excluida de este proceso.
“Hoy vemos un gran logro al retirar los animales y dejar de oler el excremento. Pero nos preocupa qué harán con las pilas de oxidación que acumulan desechos, y con las más de 221 hectáreas donde se esparció estiércol. Queremos saber el plan de Profepa y si nos incluirán en las decisiones”, declaró Wilberth Nahuat, comisario de Santa María Chi, en entrevista con Proceso.
Antecedentes de la clausura
La Granja Porcícola Santa María, operada por Pecuaria Peninsular S.P.R. de R.L. de C.V., fue clausurada definitivamente el 4 de septiembre de 2025, y su cierre fue anunciado el 9 de ese mes por la titular de Profepa, Mariana Boy. En un mensaje en redes sociales, Boy reconoció la lucha de los pobladores mayas. La megagranja es propiedad de los empresarios Oswaldo Loret de Mola Coldwell y Francisco José Loret de Mola Díaz, y es aparcera de la empresa Keken.
El cierre se determinó tras confirmarse que la granja incumplió reiteradamente las medidas correctivas ambientales, incluyendo la descarga directa de aguas residuales sin autorización. Se estableció un calendario de cierre de septiembre de 2025 a abril de 2026, y se impuso una multa de 18 millones 668 mil 100 pesos.
Criminalización de la protesta
La lucha de la comunidad ha tenido consecuencias legales para su representante, Wilbert Nahuat, quien fue denunciado por despojo de cosa inmueble y privación ilegal de la libertad. En 2022 se inició la carpeta de investigación P1-P1/22/2024 en su contra, que fue sobreseída en octubre de 2025. Sin embargo, los empresarios impugnaron la decisión y el Tribunal Colegiado de la Primera Sala del Estado les dio la razón, permitiendo que continúe la revictimización.
“La empresa se quejó y los magistrados fallaron a su favor. Esto tiene una carga psicológica y física para mí”, relató Nahuat.
Responsabilidad estatal
La comunidad también señala a la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), que en 2024 estaba encabezada por la ahora diputada local panista Sayda Rodríguez. La dependencia estatal conocía las violaciones ambientales de la megagranja, pero permitió su operación.
El caso de Santa María Chi sigue siendo un ejemplo de la lucha comunitaria por la justicia ambiental en Yucatán, con la esperanza de que el saneamiento y la reparación del daño sean integrales y participativos.
