La exigencia de cumplimiento puntual de los requisitos para extraditar mexicanos a Estados Unidos, como parte del compromiso mutuo contra la delincuencia organizada, nunca había sido tan meticulosa como en el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. La razón es clara: proteger a uno de los suyos. Si Rocha Moya fuera extraditado, sería un golpe devastador para Morena y el régimen. Por eso lo cuidan celosamente, utilizando toda la fuerza protectora del gobierno.
Estrategia de EE.UU. y presión sobre México
Hace unos días, la Casa Blanca publicó su Estrategia Nacional de Control de Drogas, priorizando las extradiciones desde México. Como dijo Maduro: si no hay extradición, puede haber extracción. Esto implica un aumento de la presión estadounidense para lograr arrestos y extradiciones en investigaciones por delincuencia organizada y narcotráfico. Ante esto, la presidencia mexicana ha ralentizado los procesos mientras endurece el discurso de soberanía nacional, acusando a los opositores de aprovechar los hechos.
El Departamento de Estado, en coordinación con el Departamento de Justicia y con apoyo del Departamento de Guerra, liderará esfuerzos diplomáticos y judiciales para asegurar una cooperación robusta, sostenida y medible por parte de México para desmantelar organizaciones criminales transnacionales y organizaciones terroristas extranjeras que operan en su territorio.
Cooperación bilateral y extradiciones históricas
La colaboración antinarcóticos entre México y EE.UU. incluye capacitación para funcionarios judiciales mexicanos, intercambio de inteligencia, seguridad fronteriza y apoyo a operaciones conjuntas. Las extradiciones no deben considerarse obra de adversarios políticos. Desde 1978, cuando EE.UU. decidió usar a delincuentes mexicanos como fuente de información, la cooperación se ha intensificado. El Tratado de Extradición de 1978, ratificado en 1980, obliga a ambas partes a entregar a personas reclamadas por delitos graves, con requisitos como doble incriminación y proporcionalidad de penas. Un protocolo adicional de 1997 fortaleció el mecanismo con entregas diferidas y temporales.
Históricamente, México fue restrictivo en la extradición de nacionales, basado en el artículo 33 constitucional. Sin embargo, la presión del narcotráfico modificó esta dinámica. Durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), las extradiciones aumentaron a 90-100 anuales. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, hubo picos como 98 extradiciones en 2012, incluyendo a líderes de los Arellano Félix. La extradición más mediática fue la de Joaquín “El Chapo” Guzmán en enero de 2017. Con Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), el ritmo se mantuvo en unas 50 extradiciones anuales, superando 700 entre 2000 y 2023. Hasta ahora, la cifra ronda las 1,200 extradiciones.
El gobierno de Sheinbaum y la decisión soberana
El gobierno de Claudia Sheinbaum marcó un récord en 2025: México entregó alrededor de 126 personas, de las cuales 75 fueron extradiciones formales y el resto traslados especiales. Ninguno era figura central en el financiamiento de Morena. En enero de 2026, Sheinbaum aseguró que la entrega de 37 presos a EE.UU. fue una “decisión soberana”, negando que fuera negociada con Donald Trump. “Fue a solicitud del Departamento de Justicia de EE.UU., pero la decisión se toma en el Consejo Nacional de Seguridad, analizando la conveniencia para México”, subrayó.
Entre los trasladados estaban líderes regionales del Cártel del Noroeste, de los Beltrán Leyva y del Cártel Jalisco Nueva Generación. Hasta hoy, la principal presión no se ha materializado. Donald Trump no ha dicho nada, y su silencio es inquietante: ¿peor su locuacidad amenazante o su silencio precursor de un zarpazo real?
El papel de Omar García Harfush
El secretario de Seguridad, Omar García Harfush, discreto y de cara de póker, no juega a ser Batman, prefiere a Mr. Magoo. No vio comportamiento extraño en Rubén Rocha y creyó las explicaciones sobre agentes de la CIA. Habla poco, ignora respuestas incendiarias, pero actúa e informa. Por eso es el consentido y sostén del gobierno.
