La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) remitió una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para exigir las pruebas que sustenten las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve políticos mexicanos señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico. La mandataria aseguró que, hasta el momento, no existen evidencias públicas que respalden dichos señalamientos.
Sheinbaum cuestiona la falta de sustento
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que la petición de la SRE se realizó tras consultar con la Fiscalía General de la República (FGR) y con las áreas jurídicas del Gobierno de México. “Denos pruebas porque no hay pruebas”, declaró la presidenta al referirse a la solicitud presentada ante las autoridades estadounidenses.
La mandataria también criticó la información que se ha filtrado sobre el caso, señalando que corresponde a “dichos de alguien” y a documentos parcialmente testados con anotaciones hechas a mano, lo que no constituye pruebas concluyentes. Asimismo, rechazó que la Presidencia deba actuar directamente contra Rocha Moya y afirmó que cualquier proceso legal debe ser encabezado por la FGR.
Antecedentes del caso
El pasado 30 de abril, Sheinbaum ya había advertido que la FGR solo procedería si recibía pruebas “contundentes e irrefutables” sobre las acusaciones. En esa ocasión, también subrayó que México no permitirá injerencias extranjeras en asuntos de su competencia.
La controversia se originó cuando la SRE recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición contra 10 ciudadanos mexicanos, las cuales fueron turnadas a la FGR para su análisis. Sin embargo, el Gobierno de México reclamó que Estados Unidos hiciera pública información que debía mantenerse confidencial.
Postura de la Consejería Jurídica
El 4 de mayo, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que las solicitudes de Estados Unidos no equivalen a órdenes formales de extradición y carecen de elementos para justificar una detención provisional urgente. La funcionaria indicó que el país requirente no aportó evidencia que acreditara la urgencia, por lo que es necesario solicitar más información y preservar la confidencialidad para garantizar el debido proceso.
