El oscuro mercado de las licencias para vehículos pesados en México
Las alarmas sonaban desde múltiples frentes: "Con sobornos, cualquiera puede conseguir una licencia federal para operar trenes, tráileres, tractocamiones y otros vehículos de gran tonelaje". La inquietante afirmación se repetía entre médicos, gestores, exfuncionarios y operadores del autotransporte consultados durante esta investigación periodística. "Hasta personas con discapacidades visuales, adicciones o problemas mentales pueden obtenerla, por eso ocurren tantos accidentes", fue una de las respuestas más contundentes que impulsó este reportaje.
Tragedias que exponen fallas sistémicas
El hilo conductor de esta investigación comenzó a tejerse tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca el 28 de diciembre de 2025, uno de los proyectos emblemáticos del gobierno de López Obrador. El accidente dejó más de 145 afectados, incluyendo 14 fallecidos. Según la Fiscalía General de la República, el conductor, maquinista y jefe de despachadores violaron los estándares de seguridad y actuaron con incapacidad: el tren circulaba a exceso de velocidad y los dos primeros carecían de licencia federal vigente.
Pocos meses antes, en septiembre de 2025, el volcamiento y explosión de una pipa de gas en el Puente La Concordia de Iztapalapa había dejado más de 143 víctimas, con 32 muertos. La Fiscalía de la Ciudad de México responsabilizó al conductor -quien falleció días después- por falta de pericia y exceso de velocidad.
Estos eventos plantearon preguntas cruciales: ¿quién dentro de las instituciones o empresas permitía operar a conductores "incompetentes" con licencias irregulares? ¿Cuál es el nivel real de capacitación de quienes obtienen licencias federales para transporte terrestre? ¿Existe constancia verificable de su estado físico y emocional para transitar con seguridad por las vías del país?
Un experimento periodístico revelador
Frente a numerosos testimonios sobre licencias tramitadas en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) sin cumplir requisitos legales y mediante sobornos, este reportero decidió comprobarlo directamente. ¿Podría un periodista con limitada experiencia en la conducción de vehículos compactos obtener una licencia para manejar camiones, pipas y unidades de carga pesada? ¿Sería posible hacerlo sin someterse a revisiones médicas, psicológicas ni aprobar la capacitación obligatoria?
La respuesta fue afirmativa. Sin controles ni supervisión, mediante un trámite realizado desde la redacción de un periódico, la SICT aprobó y emitió la licencia federal tipo B de carga con número LFD01240125 a nombre de Daniel Blancas Madrigal, válida del 20 de marzo de 2026 al 20 de marzo de 2030.
Documentación fraudulenta en sistema oficial
El documento ya aparece en la base de datos de la Secretaría, según puede verificarse en la página oficial de "Consulta de Licencias Federales de Conductor" a cargo de la Dirección General de Autotransporte Federal. Al introducir los números de licencia y de un expediente médico que jamás se realizó, se despliega el registro institucional con fotografía a color del "avezado" operador.
La constancia de expedición de la licencia digital -que incluye código de barras y firma del titular- niega el uso de lentes (aunque en realidad están prescritos por oftalmólogo) y el padecimiento de enfermedades como diabetes e hipertensión. El documento incluye un manifiesto fechado el 20 de marzo de 2026 y firmado por Irma Dorantes Villamil, directora de Trámites de Servicios de Autotransporte Federal, a quien operadores y empresarios han acusado desde 2025 de múltiples irregularidades y corruptelas.
La normativa burlada sistemáticamente
Para obtener o renovar una licencia de carga, el artículo 88 del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares obliga a presentar ante la SICT una "constancia de aptitud psicofísica" (Examen Psicofísico Integral) además de un "certificado de capacitación". Sin embargo, esta investigación demuestra cómo ambas exigencias son eludidas regularmente.
La red de corruptelas involucra a una subsecretaría y dos direcciones de la SICT: la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes liderada por la arquitecta Tania Carro Toledo; la Dirección General de Autotransporte Federal a cargo de Luis Ruiz Hernández; y la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, cuya titular es Sonia Edith Jiménez Hernández.
Historia de un sistema colapsado
"A finales de 2010 la SCT carecía de capacidad para realizar exámenes psicofísicos y abrió el programa para que pudieran hacerlo médicos externos", explica Manuel Andrade, gestor en temas de transporte. "Sí tuvo vicios, se descubrieron pruebas inventadas, pero al menos el sistema tenía ciertos candados. Con la llegada de AMLO se revocó a esos médicos -eran como 300- con el argumento de recuperar la rectoría del estado, pero fue un fiasco".
Andrade detalla: "En 2021 llegó a Medicina Preventiva José Manuel Nogueira, se ostentaba como el cardiólogo de López Obrador; volvió a privatizar el servicio, se convirtió en padre de los Sobornos del Bienestar, dio autorizaciones médicas a sus cuates o a quien ofrecía moches mensuales".
La situación empeoró: "En algunos casos, en las direcciones no había consultorios, sino centros de depilación o sex shops. Los exámenes a conductores no eran fiables -al principio no había tope diario, empezaron a salir como si fueran quesadillas".
Actualmente, según testimonios, los exámenes simulados pueden costar hasta 5,000 pesos. "Hoy no sabemos nada sobre la salud de los conductores, se destruyó la base de datos de la Secretaría, todos meten mano. Cualquiera puede sacar una licencia", sentencia Andrade.
La recomendación que recibió el reportero al preguntar cómo obtener una licencia para manejar tráileres fue reveladora: "Búscate un gestor, pero de los buenos, ellos tienen contactos en la Secretaría, se dan las mochadas y en unas semanas ya está...".
