El despojo de viviendas en el Estado de México: una epidemia de impunidad
Durante años, el cáncer de la invasión de inmuebles en el Estado de México se extendió con total libertad, una problemática que permaneció en la sombra gracias a la impunidad generalizada, el estancamiento de las denuncias y una legislación débil que permitía a los despojadores operar sin consecuencias. Miles de ciudadanos perdieron sus propiedades mientras los agresores continuaban sus actividades delictivas sin ser perseguidos por las autoridades.
La falsa protección sindical y política
Los criminales que operan principalmente en la zona oriente del estado han desarrollado un modus operandi particular: se disfrazan de sindicalistas o alegan tener vínculos con partidos políticos para intimidar a sus víctimas. En algunos casos, incluso ofrecían "arreglos" con los dueños legítimos de las propiedades, actuando a la vista de todos y sin temor a que las denuncias en su contra avanzaran en el sistema judicial.
Fue necesario que el caso de Carlota, la adulta mayor que asesinó a los despojadores de su hija en el municipio de Chalco, se viralizara para que las autoridades implementaran estrategias de seguridad y agilización de casos de invasiones de larga data. Sin embargo, como comentan las víctimas, estos delincuentes continúan sus actividades bajo la amenaza de que integran grupos sindicales o son cercanos a políticos en el poder, personas que hasta ahora no han sido detenidas.
El caso de Felipe: tres años de invasión en Ixtapaluca
La casa de Felipe estuvo invadida durante tres años en la colonia Los Reyes, Ixtapaluca, al oriente del Estado de México, por una mujer y su hijo que alegaban ser afines al partido Morena y estar protegidos por funcionarios de la presidencia municipal. Tras meses de ausencia por un problema personal, Felipe encontró a los invasores dentro de su propiedad y, cuando les solicitó que se fueran, estos pretendían pagarle la casa a precio de remate.
"La visión de los invasores era quedarse con la casa. Hablé con la señora despojadora, quería el traspaso pero no llegamos a ningún arreglo. Fui a ver a varios licenciados para que me ayudaran, pero los costos que me ponían eran inalcanzables", relató Felipe a Crónica. "No se querían ir, querían darme 50 mil pesos por la casa, cosa que me dio risa. La señora era prepotente, me decía que tenía influencia en el municipio y que tenía mucha gente de Morena, lo clásico que te quieren espantar".
La ausencia total de las autoridades
Durante esos tres años, Felipe no recibió acompañamiento de las autoridades ni de la policía municipal cuando intentaba convencer a los criminales de que le devolvieran su vivienda. Los invasores incluso citaban a la víctima a altas horas de la noche para intentos de negociación, una situación que ponía en riesgo su seguridad.
"Volví a hablar con ella y su hijo, muy violento, me citó después de las 10 de la noche. No tenía nada que ir a hacer allá a esas horas, no fui. No fue por miedo, pero podía pasar algo", explicó Felipe. "La segunda vez me citó a las 9:30 de la noche, quería llevar a mi pareja para ver si querían tomar el asunto con seriedad y me di cuenta que era una mentira. Estaban dando largas, ella me decía que tenía un hijo en Estados Unidos que le iba a mandar dinero para que llegáramos a un arreglo y nunca se hizo".
La justicia llega, pero la impunidad persiste
Aunque en este caso los invasores finalmente dejaron la propiedad, los criminales no han sido detenidos. Continúan paseando por la zona y mantienen amenazas hacia otros vecinos. Según Felipe, la mujer se apropió de dos casas más en la zona bajo el mismo modus operandi.
"He visto a la señora despojadora. He ido con mi pareja, ahorita estamos pintando y echando mano a la casa. La señora ha ido a amenazar a una persona, que si me estaba ayudando, se atuviera a las consecuencias", denunció.
La intervención que cambió las cosas
Fue hasta que Felipe se acercó con el grupo de Arturo Santana, hijo de Carlota "N", que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) agilizó el caso, atendió la denuncia y emitió un oficio citando a la invasora a comparecer ante las autoridades. Una vez con el documento, la víctima lo pegó en la puerta del domicilio y, de inmediato, los criminales abandonaron la propiedad.
Sin embargo, los agresores dejaron la vivienda en mal estado y sin los muebles que permanecían ahí antes de la invasión. "Cuando vieron el sello de la Fiscalía, al tercer día ya estaban sacando cosas", recordó Felipe.
La desesperación de las víctimas y las soluciones violentas
Previo a la colaboración con el equipo de Santana y la Fiscalía, Felipe, como otros afectados, únicamente tenía acceso a asesoría de personas que, ante la desesperación de las víctimas, ofrecían saqueos violentos de los invasores mediante el uso de la fuerza.
"Toqué varias puertas pero me decían que era darles una cantidad para sacar a las personas a la mala. Eso no me agradó porque quien se queda con los problemas soy yo", explicó. "Los licenciados me decían: yo pido tanto y mañana están afuera, mientras haya dinero las cosas se hacen rápidamente. Las autoridades hicieron caso con tanto problema".
La "Operación Restitución" y los cambios legislativos
La "Operación Restitución" ha tenido presencia en múltiples municipios del Estado de México, incluyendo Chalco, Chimalhuacán, Coacalco, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Tenango del Valle, Tenancingo, Toluca, Villa Guerrero y Zumpango.
Tras un cambio en la legislación federal, en el artículo 395 del Código Penal se estableció que habrá una pena de entre 10 y 15 años de cárcel para los autores intelectuales de los despojos realizados por un grupo de personas, y de cinco a 25 años a quienes se dediquen a este ilícito de forma reiterada.
Asimismo, se añadió un artículo 395 Bis para incluir agravantes que sancionan con seis a 10 años extras de prisión a:
- Servidores públicos que participen en los hechos
- Delincuentes que se hagan pasar por notarios o notificadores para intimidar a las víctimas
- Quienes afecten a adultos mayores o personas con discapacidad
- Quienes usen documentación falsa para ostentarse como dueño de algún inmueble
A pesar de estos avances legislativos, el problema del despojo de viviendas en el Estado de México continúa siendo una realidad para miles de familias que ven cómo criminales operan con impunidad, amparados en falsas identidades sindicales o supuestos vínculos políticos que les permiten evadir la justicia mientras destruyen el patrimonio de ciudadanos honestos.
