Senado da luz verde a polémica reforma de vivienda que redefine política habitacional
Con una votación dividida que refleja las profundas diferencias políticas en el país, el Senado de la República aprobó este martes una reforma trascendental a la Ley de Vivienda que permitirá al gobierno federal construir viviendas utilizando los fondos de ahorro de los trabajadores mexicanos. La decisión, tomada con 75 votos a favor de Morena, PVEM y PT contra 36 votos en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, marca un cambio radical en la política habitacional del país.
Nuevas facultades para instituciones públicas
El dictamen, que ya fue turnado al Ejecutivo Federal para su promulgación, otorga facultades directas a instituciones públicas para participar activamente en la construcción, adquisición, rehabilitación y arrendamiento de viviendas. El Infonavit y el Fovissste podrán ahora no solo administrar recursos, sino también ejecutar proyectos habitacionales completos, incluyendo la urbanización de terrenos y la creación de unidades habitacionales integrales.
Esta transformación institucional representa uno de los cambios más significativos en el sistema de vivienda mexicano en décadas, redefiniendo el papel del Estado en la provisión de soluciones habitacionales para la población trabajadora.
Cambio conceptual: de "vivienda digna" a "vivienda adecuada"
La reforma introduce un cambio conceptual fundamental al reemplazar el término "vivienda digna y decorosa" por el de "vivienda adecuada", alineándose con estándares internacionales y con la reforma constitucional de 2024. Este nuevo concepto incorpora elementos integrales como:
- Accesibilidad para todos los grupos poblacionales
- Asequibilidad económica real
- Disponibilidad de servicios básicos garantizados
- Habitabilidad en condiciones óptimas
- Seguridad jurídica en la tenencia
- Ubicación estratégica con conectividad
El objetivo declarado es garantizar condiciones integrales para el bienestar de las personas, trascendiendo la mera posesión de un inmueble para enfocarse en la calidad de vida que proporciona el hábitat.
Debate intenso en el pleno senatorial
La discusión en el pleno del Senado reveló posturas diametralmente opuestas sobre el uso de los recursos de los trabajadores. La senadora Guadalupe Chavira, de Morena, defendió apasionadamente la reforma, asegurando que "la subcuenta individual del trabajador está blindada y no se toca", y que el fondo de vivienda de más de 867 mil millones de pesos no desaparecerá ni desequilibrará el mercado inmobiliario.
"Con esta reforma el modelo se transforma, se democratiza porque el acceso a la vivienda será más justo para todos y se enfrentará el rezago histórico", afirmó Chavira, enfatizando que los recursos del Infonavit y Fovissste son exclusivamente para los trabajadores y para nadie más.
En contraste, la senadora Gina Gerardina Campuzano, del PAN, cuestionó severamente la esencia de la reforma: "El dinero para la construcción de viviendas no saldrá del Gobierno, sino del ahorro de millones de trabajadores que asciende a 2.4 billones de pesos". Subrayó que este capital no pertenece al gobierno, sino que constituye el patrimonio de mexicanos que trabajan, se esfuerzan y ahorran para su futuro.
Posturas de otros partidos políticos
Mely Romero Celis, del PRI, reconoció aspectos positivos de la norma, particularmente la incorporación de los siete elementos para una vivienda digna propuestos por ONU-Hábitat. Sin embargo, expresó preocupación de que la reforma entregue "las llaves de los ahorros de los trabajadores" a una constructora estatal que opera con opacidad, potencialmente desviando recursos sin transparencia adecuada.
Por su parte, Alejandra Barrales de Movimiento Ciudadano reconoció la intención de fortalecer el derecho a una vivienda digna en México, pero advirtió sobre los riesgos de la modificación al artículo 56, que abre la posibilidad de usar fondos de trabajadores estatales para construir inmuebles sin consulta previa a los afectados.
La reforma ahora se encuentra en manos del Ejecutivo Federal, donde se espera su pronta promulgación, iniciando así una nueva era en la política de vivienda mexicana que promete enfrentar el rezago habitacional pero que genera profundas preocupaciones sobre el manejo de los recursos de los trabajadores.
