Brugada cambia estrategia y propone reforma constitucional para controlar rentas en la capital
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha decidido aplazar indefinidamente la presentación de la iniciativa de Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, que había prometido desde hace ocho meses. En su lugar, la morenista ha presentado un conjunto de reformas constitucionales que buscan establecer un tope en los incrementos de las rentas, vinculándolo directamente a la inflación reportada por el INEGI.
Detalles de la reforma presentada
La reforma modifica el artículo 9 de la Constitución de la Ciudad de México en materia de derecho a la vivienda. Establece que, en los contratos de arrendamiento de uso habitacional, la renta no podrá incrementarse anualmente más allá de la inflación del año anterior. Esta medida busca proteger a los arrendatarios de aumentos desproporcionados que afecten su economía.
Además del límite a los incrementos, el proyecto incluye:
- La implementación de una política integral para incrementar la oferta de vivienda social y asequible.
- La ampliación de la reserva territorial mediante la adquisición de suelo para fines habitacionales.
- La creación de una institución pública encargada de regular las relaciones entre arrendadores y arrendatarios, con funciones de orientación, mediación y defensa jurídica.
Contexto y justificación de la medida
La Ley de Rentas Justas surgió como respuesta a las manifestaciones contra la gentrificación que se registraron entre el 4 y el 26 de julio, eventos que incluyeron disturbios y actos de violencia contra extranjeros. Brugada argumentó que esta reforma constitucional es el primer paso en una ruta legislativa de dos etapas, priorizando la protección jurídica antes de avanzar con la ley específica.
Durante una conferencia de prensa, la jefa de Gobierno reconoció que el calendario legislativo podría retrasar la aprobación de las reformas, ya que el próximo periodo del Congreso de la Ciudad de México está programado para septiembre, a menos que se convoque uno extraordinario.
Derechos y políticas adicionales
La iniciativa también incorpora el reconocimiento del arraigo vecinal y comunitario, estableciendo que los habitantes tienen derecho "al vínculo social, cultural, económico y territorial, y a la permanencia en donde se han desarrollado sus proyectos de vida". Asimismo, se mandata la implementación de una política pública contra la gentrificación.
Brugada aseguró que ni esta reforma constitucional ni la futura ley afectarán la propiedad privada, destacando que se incluirán mecanismos de control, como un registro de contratos de arrendamiento, para hacer exigibles los límites a las rentas.
Perspectivas de expertos y funcionarios
El secretario de Bienestar e Igualdad Social, Pablo Yanes Rizo, señaló que existe un alto nivel de informalidad en el mercado de rentas, lo que perjudica tanto a arrendatarios como a arrendadores. Por su parte, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, explicó que la propuesta se diseñó mediante consultas con diversos sectores y enfatizó que la solución pasa por incrementar la oferta de vivienda con más inversión pública y privada.
Esta reforma representa un cambio significativo en la estrategia del gobierno capitalino para abordar la crisis de vivienda y los efectos de la gentrificación, buscando un equilibrio entre la protección de los inquilinos y el fomento de un mercado inmobiliario más justo y regulado.
