La Asociación de Industriales de Juegos y Apoyos (AIEJA) expresó su respaldo a la Secretaría de Gobernación (Segob) en relación con la gestión de permisos para la operación de casinos en el país. La organización consideró que la dependencia federal ha actuado de manera correcta y transparente en el otorgamiento y revisión de las licencias para estos establecimientos.
Apoyo a la regulación actual
El presidente de la AIEJA, Miguel Ángel Ochoa, señaló que la industria del juego en México requiere de un marco regulatorio claro y estable para su desarrollo. En ese sentido, destacó que la Segob ha mantenido una comunicación abierta con el sector y ha trabajado en la actualización de las normas que rigen la operación de los casinos.
Ochoa explicó que la asociación ha participado en mesas de trabajo con funcionarios de la Segob para analizar los criterios de otorgamiento de permisos y las medidas de control que se aplican. Esto, dijo, ha permitido que la industria opere dentro de la legalidad y contribuya a la economía nacional.
Transparencia en los procesos
La AIEJA destacó que los procesos para obtener un permiso de casino son rigurosos y están sujetos a revisiones periódicas. La asociación afirmó que no existe un trato preferencial para ninguna empresa y que todas las solicitudes son evaluadas con los mismos estándares.
Además, señalaron que la Segob ha implementado mecanismos de vigilancia para evitar la operación de casinos ilegales, lo que protege tanto a los jugadores como a los inversionistas legítimos. La AIEJA se comprometió a seguir colaborando con las autoridades para fortalecer la regulación del sector.
Impacto económico
La industria de los casinos genera miles de empleos directos e indirectos en México, además de contribuir con impuestos significativos. Según datos de la AIEJA, el sector aporta alrededor de 10 mil millones de pesos anuales al fisco. Por ello, consideran fundamental que se mantenga un entorno de certeza jurídica para las inversiones.
Finalmente, la asociación hizo un llamado a los legisladores para que se aprueben reformas que permitan modernizar la Ley Federal de Juegos y Sorteos, con el objetivo de adaptarla a las nuevas realidades del mercado y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
