Hace apenas una semana, la presidenta Sheinbaum negaba enfáticamente que vendrían más acusaciones contra políticos mexicanos, así como las marcadas diferencias que hubo en la reunión con el secretario del Homeland Security, Markwayne Mullin.
Confirmación de acusaciones
El domingo en el mitin en el Monumento a la Revolución terminó confirmando la información que dimos el lunes antepasado: no solo vienen más acusaciones, sino que las mismas son interpretadas desde el gobierno como una escalada intervencionista que quiere, nada más y nada menos, que manipular las elecciones y vulnerar la soberanía de México. Todo para proteger al gobernador Rubén Rocha y los demás funcionarios de Sinaloa acusados por Estados Unidos de ser parte de la red de protección y complicidad del Cártel de Los Chapitos.
Ayer mismo, el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, que se entregó hace unas semanas a la justicia estadounidense y que está colaborando con ella, tuvo su primera comparecencia. La jueza que lleva el caso, Katherine Polk Failla, del distrito sur de Nueva York, dijo que hay pruebas “abundantes” en su contra, que son muchos los involucrados en esa trama y que los acusados llegarán en “oleadas” a Estados Unidos. Fijó la siguiente comparecencia con Mérida para agosto y le pidió revisar el expediente en su contra, ver las evidencias que existen y “evaluar sus opciones”, en los hechos declararse culpable y colaborar con las autoridades.
Colaboración de funcionarios
Del otro funcionario que se entregó a Estados Unidos, el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz, no hay información: se sabe que se entregó en Irlanda, que de allí viajó a Estados Unidos, donde fue detenido, pero no existe constancia de su situación legal, aunque se sabe, lo han dicho las autoridades, que está colaborando con la justicia estadounidense. Mérida y Díaz están siendo procesados en Estados Unidos, mientras en México se sigue insistiendo en que no hay pruebas contra ellos y los otros funcionarios sinaloenses acusados y se enarbola un discurso soberanista que nada tiene que ver con la realidad.
Discurso soberanista
El domingo, la presidenta Sheinbaum reconoció que habrá más acusados e hizo una defensa de los funcionarios imputados por la Unión Americana, absolutamente innecesaria. Dijo que primero “vienen por unos, después por otros” y que finalmente será Estados Unidos el que decida las elecciones, preguntándose quién manda aquí, si el Departamento de Justicia estadounidense o el gobierno mexicano. Es una falacia. Primero, no es un tema del Departamento de Justicia, sino del gobierno estadounidense. La necesidad de hacer más contra el crimen organizado, al que Washington califica de terrorista, ha sido repetido por todos los altos funcionarios de la Unión Americana: desde el presidente Trump hasta el secretario de Guerra, Pete Hegseth, pasando por el fiscal, Todd Blanche, y remarcado por las cancelaciones de sus visitas a México de la zarina antidrogas, Sara Carter, y del negociador del T-MEC, Jamieson Greer. La Fiscalía sur de Nueva York, sobre todo en estos temas, debe ser la más poderosa de todo el país. Y es verdad, vienen muchas más acusaciones, como lo dejó en claro Mullin en su visita a Palacio Nacional.
Pero no es un tema de soberanía. En realidad, lo que está haciendo el gobierno es confundiendo conscientemente la defensa de la soberanía con la defensa de su partido. Las pruebas y testimonios contra Rocha y demás acusados son abundantes, diría la jueza Polk, y no solo se han presentado en Estados Unidos, sino también en México. Lo que sucede es que aquí han sido ignoradas. Se preguntaba la presidenta Sheinbaum por qué se confiaba en la justicia estadounidense y no en la mexicana: la pregunta se responde sola cuando vemos que seis de los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comenzando por su presidente, Hugo Aguilar, estuvieron en primera fila en un acto proselitista como el del domingo. No hay ni disimulo de la autonomía de la justicia respecto del Ejecutivo.
Impacto en la soberanía
Se podrá hablar mucho de soberanía, pero lo cierto es que nadie puede asegurar que la está defendiendo mientras está protegiendo a políticos que son cómplices del crimen organizado. Nada lastima más a la soberanía de un país que no tener control territorial sobre parte del mismo. Nada vulnera más a la soberanía que los criminales manejen gobiernos estatales, como ocurre en Sinaloa y en muchos otros estados. Nada lastima más la soberanía de un país que la impunidad de la que gozan estos personajes. Esto no tiene nada que ver con que la soberanía es un tema de justicia.
Costos y respuestas
El discurso del domingo y la decisión de mantener en la impunidad a los políticos acusados ya comenzó a tener respuestas y costos. Una de ellas, económica y muy dolorosa, es la exigencia del gobierno de Estados Unidos, en la negociación del T-MEC, de que 50 por ciento de los automóviles exportados por México a la Unión Americana deban tener, por lo menos, 50 por ciento de componentes de ese país. Actualmente las reglas de origen establecen como máximo 30 por ciento. Muchas empresas sufrirán por ello.
La otra la dio el embajador Ronald Johnson, quien cumplió precisamente un año al frente de la delegación diplomática, que escribió en X que “cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política, es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación y proteger a las personas a las que servimos”. Los acusados vendrán, dijo la jueza Polk, a “oleadas”. Hay que recordarlo.
