El desvío de recursos públicos a través de empresas fantasma se ha convertido en un negocio hiperlucrativo y de bajo riesgo para los funcionarios corruptos. Según el experto en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo, Luis Pérez de Acha, las 11,771 empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) han emitido comprobantes por más de 4 billones de pesos, una cifra equivalente a ocho veces el costo del Tren Maya o casi lo mismo que la refinería Dos Bocas.
El modus operandi de las factureras en el sector público
Las empresas fantasma, originalmente utilizadas para evadir impuestos, han migrado hacia la contratación pública. Mediante licitaciones simuladas o asignaciones directas, las dependencias contratan a estas empresas para aparentar obras o servicios que nunca se realizan, o para pagar sobreprecios ficticios. Las factureras emiten comprobantes falsos que justifican los pagos, y evaden el Impuesto sobre la Renta y el IVA. Los expedientes están perfectamente armados, lo que dificulta su detección.
En ocasiones, los propios funcionarios son dueños de estas empresas fantasma, lo que refuerza su impunidad. Casos emblemáticos como el "Huachicol Fiscal", la "Estafa Maestra" y "Segalmex" ilustran cómo el erario es saqueado mediante operaciones simuladas.
Vacíos legales que protegen a los funcionarios
Pérez de Acha señala que las leyes fiscales son inaplicables a la administración pública. Las listas de EFOS emitidas por el SAT no tienen efectividad en las contrataciones gubernamentales; son meros indicios, no pruebas directas. La legislación no prohíbe las operaciones del gobierno con empresas fantasma, y los delitos fiscales relacionados con facturas falsas solo se aplican a los contribuyentes, no a los funcionarios.
"Las leyes fiscales y las actuaciones de las autoridades del SAT únicamente producen efectos en la esfera tributaria, y solo por cuanto hace a los contribuyentes, no a los funcionarios", afirma el experto. No existe un delito específico por "adquirir, recibir o dar efectos legales" a facturas falsas por parte de servidores públicos.
Impacto en la salud y financiamiento ilegal de campañas
La mayor tragedia se ha presentado en el sector salud, con desvíos colosales que afectan a la población más segregada del país. Además, los recursos obtenidos a menudo se destinan al financiamiento ilegal de campañas políticas, fuera de los controles del INE, lo que garantiza la impunidad futura.
El dinero se transfiere a cuentas secretas en paraísos fiscales, como evidencian los Panama Papers y Pandora Papers. En el pasado, se privilegiaba el uso de efectivo o depósitos en cuentas de funcionarios o familiares, como en el caso de Emilio Lozoya.
La lucha insuficiente del SAT
Desde 2014, las autoridades fiscales han combatido las empresas fantasma con reformas y acciones legales, reduciendo la compra de facturas por contribuyentes. Sin embargo, el SAT carece de competencia para perseguir el desvío de recursos públicos. Sus resoluciones son inoperantes contra funcionarios coludidos con delincuentes.
"A pesar de los numerosos casos reportados en medios de comunicación sobre desfalcos con factureras, como se dice: ‘nada pasa’", lamenta Pérez de Acha. La prisión preventiva oficiosa para delitos de facturas falsas es inefectiva contra la corrupción gubernamental.
El autor propone que la presunción de inexistencia de operaciones para contribuyentes se traslade al sector público, declarando nulos los contratos con empresas fantasma y los comprobantes emitidos. Mientras tanto, el saqueo continúa.
