La caída de Diego Rivera: un alcalde morenista acusado de múltiples irregularidades
Finalmente, cayó Diego Rivera, el alcalde morenista de Tequila, Jalisco. Este suceso marca un punto crítico en la política local, ya que el personaje acumuló un número tal de irregularidades que su posición se volvió insostenible. El título de esta columna tiene el propósito de recordar el origen político del individuo, destacando que Morena Jalisco ahora promueve un discurso de que "caiga quien tenga que caer", sin importar el partido. Sin embargo, esta postura parece más un intento de deslinde que una declaración de principios genuina.
Defensa previa y señalamientos de corrupción
En diciembre del año pasado, Morena Jalisco defendió a Diego Rivera cuando intentó cobrar 60 millones de pesos a Casa Cuervo, una acción que la empresa calificó como extorsión. Para ese momento, ya pesaban sobre Rivera señalamientos por haberse adueñado del museo del tequila, detener arbitrariamente a un periodista, y portar artículos de lujo incompatibles con su salario. Esto sugiere que la postura actual de Morena es un esfuerzo poco efectivo por distanciarse, en lugar de una postura ética firme.
Preguntas sin respuesta y responsabilidades políticas
Morena debería aclarar por qué postuló a un personaje con señalamientos de presunta corrupción y vínculos con el crimen organizado, según investigaciones federales. Érika Pérez, presidenta de Morena Jalisco, afirma que no estaba al frente cuando se decidió postular a Rivera, aunque sí lo defendió en diciembre. Katia Castillo, quien lideraba Morena en el estado durante la designación, también debería dar explicaciones. Los partidos políticos deben tomar en serio la selección de candidatos sin historiales delictivos para justificar su existencia.
Misterios en la sucesión y una señal positiva
Otra incógnita surge: ¿por qué se detiene a Diego Rivera pero se nombra como interina a una persona de su mismo grupo? Esto añade misterio a la situación. Por otro lado, la presencia estatal y federal en Tequila trae una buena señal: el gobernador Pablo Lemus anunció una inversión de 500 millones de pesos para este año, lo que podría beneficiar a una comunidad afectada por el crimen y el abuso de poder municipal.
