Capufe cancela licitación de vehículos usados tras señalamientos de favoritismo
Caminos y Puentes Federales (Capufe) ha cancelado una licitación pública nacional electrónica para el arrendamiento de vehículos usados de emergencia y auxilio vial, tras detectar posibles irregularidades que podrían haber beneficiado a un competidor específico. La decisión se tomó en medio de tensiones internas y críticas sobre la transparencia del proceso.
Detalles de la licitación cancelada
La licitación, identificada como LA-09-JOU-009J0U001-N-15-2026, tenía como objetivo el arrendamiento puro de vehículos modelo 2024 en adelante, con hasta 100 mil kilómetros de uso, sin opción a compra. Incluía ambulancias de urgencias básicas, unidades de rescate, grúas y vehículos de auxilio vial, esenciales para la seguridad de los usuarios en carreteras federales.
Sin embargo, el área requirente de Capufe determinó que continuar con el procedimiento podría generar daños a la dependencia, identificando deficiencias en las especificaciones técnicas y la falta de un periodo de transición para garantizar la continuidad del servicio. La cancelación se formalizó mediante un escrito, basándose en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, que permite cancelar procesos antes del fallo por causas justificadas.
Señalamientos de favoritismo y tensión interna
Fuentes vinculadas al proceso revelaron que la licitación estuvo marcada por la tensión al interior de Capufe, ante la posibilidad de que la Secretaría Anticorrupción, encabezada por Raquel Buenrostro, revisara un procedimiento que, según versiones internas, podría favorecer a la empresa Jet Van Car Rental. Esta empresa, propiedad de Cuauhtémoc Velázquez García y Teresa López, ha controlado históricamente los concursos en la dependencia y fue una de las dos participantes en esta licitación.
El proceso llamó la atención por su rapidez, con la presentación de propuestas el 30 de marzo y un fallo previsto para el 1 de abril, que finalmente no se emitió. Además, durante la junta de aclaraciones, potenciales participantes señalaron que los tiempos de entrega exigidos eran insuficientes, sin que Capufe accediera a modificarlos.
Riesgos operativos y cuestionamientos técnicos
Especialistas han señalado que el uso de vehículos con alto kilometraje o sin estándares claros de certificación podría traducirse en mayores costos de mantenimiento y riesgos para la seguridad. A pesar de esto, Capufe sostuvo en la junta de aclaraciones que "el hecho de que un vehículo sea nuevo no constituye, por sí mismo, una característica superior".
No obstante, considerando las exigencias operativas de estos vehículos, que implican recorridos de cientos de kilómetros diarios en diversas condiciones a lo largo del país, se supondría ideal la adquisición o arrendamiento de unidades nuevas para garantizar eficiencia y seguridad.
Contexto administrativo y compromisos de transparencia
La licitación se desarrolló al inicio de la gestión de Carlos Arceo Castañeda al frente de Capufe, acompañada por la designación de Ángel Calderón Cruz como director de Administración y Finanzas, y la incorporación de Orlando Alfonso Olguín Miranda en la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. Aunque esta nueva administración fue vista como una oportunidad para revisar prácticas de contratación cuestionadas, el desarrollo de esta licitación mostraba características de continuidad con proveedores específicos.
En días recientes, trascendieron señalamientos de que funcionarios habrían buscado favorecer a un proveedor mediante la adjudicación de un contrato con una flota vehicular considerada obsoleta e inadecuada para las exigencias de Capufe. Frente a esto, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, ha reiterado el compromiso de conducir los procesos de contratación con transparencia, privilegiando el interés público y evitando beneficios indebidos.
Implicaciones de la cancelación
La cancelación del procedimiento se presenta como una medida correctiva para garantizar certeza jurídica, competencia efectiva y el uso eficiente de los recursos públicos. Fuentes internas destacan que esta acción busca preservar la transparencia y evitar riesgos operativos en un contexto de alta demanda, alineándose con los principios de buena administración y lucha contra la corrupción.
Este caso subraya la importancia de vigilar los procesos de licitación en dependencias federales, asegurando que se priorice la calidad y seguridad de los servicios públicos sobre intereses particulares.
