La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) ha presentado una demanda colectiva contra 53 empresas señaladas por coludirse durante más de una década para manipular los precios del gas LP en distintas regiones del país. El objetivo es que estas compañías reparen el daño económico causado a millones de consumidores.
Prácticas ilegales comprobadas
La demanda se fundamenta en una investigación previa que demostró que empresas como Grupo Soni, Grupo Simsa, Grupo Nieto, Grupo Tomza, Grupo Global Gas y Gas Metropolitano acordaron ilegalmente fijar precios y repartirse los clientes en mercados de la Ciudad de México, el Estado de México, así como en localidades de Colima, Tamaulipas y Sinaloa.
Sobreprecios que afectan a millones de familias
Estas prácticas generaron sobreprecios que provocaron un daño económico superior a los 13 mil millones de pesos para los consumidores. El impacto es grave, ya que el gas LP es un insumo básico en los hogares mexicanos. Según la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares, ocho de cada diez familias utilizan este combustible como principal fuente para preparar alimentos.
Compensación para los consumidores
Con esta demanda colectiva, la CNA busca que, además de las sanciones administrativas ya impuestas, las empresas responsables compensen a los consumidores afectados mediante descuentos en el precio del gas LP en las zonas donde ocurrieron las prácticas monopólicas. La intención es que la sanción no solo sea punitiva, sino que también genere beneficios tangibles para la población.
Fortalecimiento de la política de competencia
La Comisión destacó que esta acción forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la política de competencia en el país y sancionar con mayor rigor a las empresas que incurran en prácticas anticompetitivas. Reiteró su compromiso de usar todos los instrumentos legales disponibles para evitar abusos en mercados clave que impactan directamente en la economía de las familias mexicanas.
La resolución del caso y el avance de la demanda colectiva serán determinantes para establecer precedentes en la defensa de los consumidores frente a prácticas ilegales en sectores estratégicos.
